- Punto de acuerdo fue turnado el pasado viernes a la Cámara de Diputados.
La Senadora de la República del GPPRD, Iris Vianey Mendoza, presentó un punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a efecto de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se consideren y destinen recursos para la operación del Sistema Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas y del Sistema Nacional de Información Genética.
Desde hace varias décadas, las familias de personas detenidas desaparecidas y las organizaciones de derechos humanos que las han acompañado, han exigido una regulación nacional para la prevención, investigación, sanción, reparación y erradicación de la desaparición forzada de personas. Las violaciones a derechos humanos que se cometieron en nuestro país durante las décadas de los 60 a los 80 nunca fueron investigadas y, por tanto, no fueron sancionadas, por lo que aún permanecen en la impunidad con lo que se ha denegado a las víctimas el derecho a la verdad y al acceso a la justicia.
La impunidad sistémica es caldo de cultivo para su propia reproducción, lo que aunado al incremento exponencial de la violencia criminal e institucional derivada de la implementación, a partir de 2006, del paradigma militarizante para combatir a los grupos delincuenciales de alto impacto, ha generado cientos de miles de víctimas, ya no sólo de desaparición forzada sino de desaparición cometida por particulares, así como de desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Las víctimas de violaciones a derechos humanos y del delito rompieron el silencio en 2011 a partir de una emergencia ciudadana que se tradujo en una legislación de los derechos de las víctimas para la reparación integral, cuyo sustento fue la reforma constitucional de derechos humanos publicada el 10 de junio de ese mismo año.
Sin embargo, a pesar de contar con un marco jurídico garantista de protección a la dignidad de la persona humana tanto en la Constitución como en la legislación secundaria a favor de las víctimas, no han disminuido las violaciones a derechos humanos ni las acciones que lastiman a las y los ciudadanos.
En el último año, se ha conocido de muertes masivas de civiles en donde las versiones oficiales se contradicen con indicios y declaraciones de sobrevivientes y testigos, esto ha derivado en la certeza en algunos casos y presunción en otros, de que se cometieron ejecuciones extrajudiciales perpetradas por elementos del ejército o de la Policía Federal:
Ø 30 de junio de 2014, Tlatlaya , Estado de México, en donde fueron asesinadas 22 personas
Ø 26 y 27 de septiembre de 2014, Iguala, Guerrero con el asesinato de 3 normalistas de la Escuela Rural de Ayotzinapa y 3 civiles.
Ø 6 de enero de 2015, Apatzingán, Michoacán, con un saldo de 16 civiles asesinados y
Ø 20 de mayo de 2015, Tanhuato, también en Michoacán en donde 43 civiles fueron asesinados.
Como caso extremo y doloroso de violaciones a derechos humanos, la desaparición forzada de 43 de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos los días 26 y 27 de septiembre del año pasado en Iguala, develó con toda crudeza no sólo la complicidad de grupos criminales con la clase política en el esquema de macro criminalidad, sino también, que la práctica de la desaparición de personas se ha extendido a lo largo y ancho del estado de Guerrero y del país sin que existan investigaciones ni pericias forense confiables, como lo que ha puesto en el debate nacional el Informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH).
Ha sido la firme determinación de los familiares y compañeros de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa y la movilización social que se ha solidarizado con su exigencia de búsqueda, localización e investigación objetiva e imparcial sobre el paradero de los estudiantes y el castigo a todos los responsables de su desaparición forzada, lo que ha presionado a que el pasado 27 de noviembre, el titular del Ejecutivo Federal, emitiera un Decálogo que en su numeral octavo presentó diversas acciones en derechos humanos entre las que se encontraba la reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir leyes generales y protocolos para la investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de la tortura y la desaparición forzada y la creación de los sistemas nacionales de Búsqueda de Personas y de Información Genética.
El 10 de julio de este año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para facultar al Congreso de la Unión a expedir legislación general que establezca como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en materia de desaparición forzada, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley y de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Se ha abierto así la discusión entre las organizaciones de familiares y de derechos humanos, representantes del gobierno federal y legisladores para construir las leyes en desaparición forzada y tortura. En el propio Senado, se ha convocado a audiencias y presentado una iniciativa por parte de un grupo plural de senadoras para que la sociedad civil pueda ser escuchada y atendida en sus planteamientos sobre los contenidos sustantivos que tienen que contener estas leyes, especialmente, la de desaparición forzada.
En fecha próxima, según han declarado representantes del gobierno federal, se presentará ante el Congreso de la Unión la iniciativa de reforma para crear la ley en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares que incorporará la regulación del Sistema Nacional de Búsqueda y el Sistema Nacional de Información Genética
Sin embargo, en la revisión del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se puede apreciar una reducción de 261 millones de pesos al presupuesto asignado a la Procuraduría General de la República en relación con lo que se etiquetó en 2015.
Esto resulta preocupante si se estuviese considerado por parte del gobierno federal que sea la propia instancia de procuración federal la responsable de la operación de los dos sistemas propuestos por el titular del Ejecutivo Federal, lo que significaría muy poca seriedad en una propuesta a la que no se le asigna el presupuesto para su operación.
