Integrar recomendaciones de organismos evaluadores a planeación de programas sociales, plantea Benjamín Robles


El senador Benjamín Robles Montoya propuso dotar a las instituciones evaluadoras, como el Coneval, de facultades que permitan que sus recomendaciones se traduzcan en herramientas para mejorar progresivamente los programas sociales.

 

El legislador del PRD señaló que considerar las recomendaciones y observaciones de las instituciones evaluadoras en la programación y presupuesto de la política de desarrollo social tiene el propósito de promover un ejercicio más eficaz y eficiente del gasto por parte del Gobierno federal.

 

De esta manera, agregó, se garantizarían los derechos sociales de los mexicanos y se cumpliría con los objetivos de evaluación y seguimiento de los programas sociales a través de acciones de mejora continua en su diseño, operación y ejecución.

 

Robles Montoya reconoció que si bien la Ley General de Desarrollo Social es una valiosa aportación al marco jurídico nacional pues instituye y define el proceso de acceso a los programas sociales, “existen pendientes que deben ser integrados al precepto de referencias, en virtud de que el rezago y la desigualdad social continúan siendo un rasgo distintivo en nuestro país”.

 

Y uno de los pendientes que deben ser atendidos para que la ley cumpla con mayor eficacia, dijo, es lo referente a la evaluación y seguimiento de los programas sociales.

 

Recordó que dicha ley señala que los programas, los fondos y los recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación.

 

Sin embargo, lamentó que “durante años ha permeado una arraigada costumbre de cooptación política, clientelar y partidista de los programas dirigidos a los grupos focalizados, dejando de lado siempre a los más pobres”.

 

El senador por Oaxaca agregó que, a pesar de que desde la izquierda se ha trabajado de manera incansable en el fortalecimiento de los programas sociales y de que existen mecanismos de evaluación en la política pública de desarrollo social, no se han conseguido correcciones significativas en las carencias arrojadas en los resultados de las evaluaciones.

 

Lo anterior, consideró, se debe a que ningún artículo determina que las evaluaciones deban ser observadas por las dependencias y entidades federales.

 

“Las evaluaciones y las recomendaciones que se emiten acerca de los programas sociales pueden ser de gran interés, pero solamente lo han sido hasta ahora de carácter informativo”, añadió.

 

De esta manera, a través de una iniciativa para modificar la Ley General de Desarrollo Social solicitó que las recomendaciones y sugerencias resultado de las evaluaciones sean consideradas en los procesos programables y presupuestarios de la política nacional de desarrollo social por parte de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

 

La iniciativa fue turnada a las Comisiones de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos para su análisis y dictaminación.

 

 

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