Intervención en tribuna del senador Alejandro Encinas Rodríguez, durante el debate acordado acerca del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso Ayotzinapa.
Alejandro Encinas Rodríguez, (AER): Muchas gracias, señor Presidente.
No cabe duda que hasta para defender lo indefendible se requiere de coro, y evidentemente en la intervención que hemos escuchado del Senador René Juárez, hay una rectificación respecto al tipo de defensa que venía haciendo el PRI y sus aliados en esta tribuna, porque no puede venirse aquí a intentar tapar el sol con un dedo, y tratar de minimizar los resultados de una investigación que ha puesto al desnudo, el nivel de descomposición, el nivel de degradación de las instituciones públicas, y en particular la responsable de impartir justicia en nuestro país.
No puede venir aquí el Senador Gerardo Flores a reivindicar la calidad y el nivel profesional de una investigación que ha sido demolida con pruebas técnicas y científicas contundentes.
No puede venir a esta tribuna el Senador Cavazos Lerma, a pretender descalificar el trabajo de un órgano internacional reconocido por el Estado Mexicano, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, cuyo Secretario General no solamente estuvo el día de hoy aquí presente, sino convalidó los resultados de esta investigación, tratando de descalificar a un perito especializado, al señor “Torero”, que vaya, que les clavó una estocada profunda en su investigación.
Y tampoco puede venir aquí el Senador Jorge Aréchiga, a tratar de sostener que esos hechos fueron resultado de una desafortunada confusión en donde intervinieron delincuentes y autoridades municipales, y que hubo que recurrir a un organismo internacional ante la falta de información y la ausencia de testigos.
Yo creo que este debate debemos concentrarlo fundamentalmente en las implicaciones jurídicas, legales, políticas, sociales y éticas que representa las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque este informe implica el deslinde de responsabilidades con quienes no solamente mintieron respecto a una verdad jurídica y una verdad histórica, sino que además manipularon y ocultaron información.
Ahí está, por ejemplo, la existencia de un quinto camión sobre el cual en ningún momento la Procuraduría brindó información, y donde se incorpora un elemento que no se había discutido a lo largo de la investigación del eventual uso de este vehículo que no correspondía a la línea de autobuses “Costa Line”, sino a otra donde presuntamente se traficaba droga, y donde no hay información alguna de cuantas personas participaron o tripulaban, por ejemplo, ese vehículo, porque ese solo hecho implica una reorientación total de la investigación, porque la cifra de los 43 desaparecidos, la cifra de 186 víctimas, de 6 ejecuciones extrajudiciales, puede ser superior solamente al conocer los datos de ese vehículo, del cual nunca nos informaron.
No pueden alegar desconocimiento de la información oportuna sobre los hechos de Iguala cuando ha quedado plenamente acreditado que el Centro de Información en Materia de Seguridad Pública del estado de Guerrero, el C4, estuvo informando permanentemente y en tiempo real al gobierno del estado, al Procurador de Justicia y al Secretario de Seguridad de Justicia del estado de Guerrero, al Procurador General de la República, a la Policía Federal Preventiva, a la Armada de México, e incluso a la Defensa Nacional, particularmente a los elementos del Batallón 27 de Infantería, acantonado en Iguala, el cual tenía, además, información de inteligencia militar, y fue testigo de la agresión a los estudiantes en flagrancia y no intervino con el orden acreditado ahora, los testimonios de víctimas y de vecinos en el estado de Iguala.
No pueden aludir ya más que no tenían información oportuna, y aquí hay omisiones y responsabilidades por negligencia de todos los órdenes de gobierno. Pero aún nos mintieron y alteraron las escenas del crimen y en la reconstrucción de los hechos, y el haberse acreditado el día de hoy de que no hubo incineración de estos 43 estudiantes en el relleno sanitario de Cocula tiene implicaciones mayores.
No solamente es el peritaje, del cual ya habíamos hablado aquí que era imposible la incineración de 43 cadáveres en un relleno sanitario a cielo abierto, más aún cuando el día anterior había habido lluvia, sino que además el que haya aparecido presuntamente uno de los jóvenes que puede correlacionarse con los peritajes que se hicieron en Innsbruck implicaría haber sembrado pruebas para justificar el conjunto de la investigación y crear una falsa verdad histórica.
Son muchas las implicaciones de este informe, y muchos los responsables a los cuales se le pueden fincar responsabilidad por haber ocultado información, por haber desviado la investigación, y es falto que se esté avanzando en el castigo a los responsables.
Nos han señalado que hay 120 detenidos vinculados con estos hechos, ¿a cuántos en realidad se les ha acreditado su responsabilidad?, ¿por qué no nos dicen, por ejemplo, que el señor Abarca no está detenido ni por la desaparición forzada de los 43 estudiantes, ni por las 6 personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente.
El señor Abarca está solamente detenido por su presunta participación en el homicidio del compañero del Partido de la Revolución Democrática, Arturo Hernández Cardona, no está detenido por los hechos involucrados, que lo involucran en Ayotzinapa, y quedan todas las preguntas que desde el mismo inicio de estos hechos hemos planteado.
¿Cuál fue el móvil que llevó a este lamentable hecho de 43 muchachos desaparecidos, 6 ejecuciones extrajudiciales, más de 180 víctimas y heridos, y quiénes fueron los responsables?, ¿quiénes formaron la red de colusión y responsabilidad que permitió la operación y el desarrollo de esta banda del crimen organizado incluso en su penetración, no sólo en el gobierno municipal de Iguala, sino por lo menos de 23 municipios que hoy están intervenidos por la autoridad Federal, y que por motivo de ello el Ejecutivo Federal envió una iniciativa de ley para disolver los ayuntamientos ante la presunción de penetración, infiltración de la delincuencia organizada en los mismos?
¿Dónde están los estudiantes desaparecidos si no fueron incinerados en el relleno sanitario de Cocula?, ¿y qué responsabilidades tiene el entonces Procurador al haber mentido y engañado a los familiares, a la sociedad mexicana y haber renunciado a su responsabilidad de impartir justicia?
Hay que partir de cero, y necesitamos una Fiscalía independiente que garantice una investigación imparcial con la participación de ciudadanos, que haya un consejo ciudadano que acompañe y que tome en cuenta a los padres de las víctimas.
Esta, indudablemente, estocada del peritaje del señor Torero desnuda el nivel de descomposición y la profunda crisis moral y ética de las instituciones públicas y del Estado mexicano.
Muchas gracias.
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