Intervención en tribuna de la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, durante el debate acordado acerca del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso Ayotzinapa.
Dolores Padierna Luna, (DPL): Senadoras, Senadores:
El pasado 6 de septiembre el Grupo Interdisciplinario de Experto Independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a petición del Estado mexicano, presentó su informe sobre la revisión de las investigaciones que había realizado la Procuraduría General de la República sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Isidro Burgos, de Ayotzinapa, así como las ejecuciones extrajudiciales de 6 personas, hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
De acuerdo con el informe realizado por los expertos, estos 6 asesinatos continúan impunes y la desaparición forzada de los 43 normalistas sigue sin ser esclarecida. La llamada verdad histórica presentada por el ex procurador Jesús Murillo Karam, de acuerdo con los expertos internacionales sobre la supuesta incineración de los jóvenes en el basurero de Cocula.
Es una hipótesis generada con base en testimonios carentes de evidencias que la apoyen. Esto dice el informe en la página 156. En otras palabras, por negligencia, omisión o protección impune, estamos ante la primera gran mentira de la investigación de la PGR.
Lo único incinerado realmente es la verdad histórica que presumió Murillo Karam en enero de 2015
En un informe de 550 páginas. El grupo de expertos asegura que no hay evidencias de que un fuego u hoguera, con las condiciones que se presentaron públicamente, hubiese ocurrido, ni de que los estudiantes hayan sido incinerados en algún basurero.
Ese evento tal y como ha sido descrito no pasó, aseguró durante la presentación de las conclusiones el experto Carlos Beristain.
En las conclusiones advierten que hubo hechos no investigados, evidencias destruidas y que se cometieron sendos errores, no se puede confiar ni creer en una investigación desaseada, irregular y tramposa.
El grupo de expertos no determina responsabilidades, pero aporta elementos que pueden contribuir a la localización de los 43 normalistas desaparecidos, y señalan, de forma contundente, que la investigación debe de reconducirse con nuevas líneas de trabajo.
Este informe viene a confirmar lo que padres, madres, compañeros de los normalistas, y todos nosotros, así como una parte muy grande de la sociedad mexicana ha denunciado, en el sentido de que ese invento de Cocula, era una explicación que carecía de sentido y de lógica, que los militares del 27 Batallón de Infantería, así como los integrantes de la Policía Federal Ministerial, deberían de ser investigados por su posible participación en las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre, y que la llamada verdad histórica era insostenible científicamente.
A diferencia de la investigación de la PGR el informe del grupo de expertos menciona explícitamente el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como un expediente de desaparición forzada, y no de secuestro agravado como lo dice la PGR, mucho menos como narco-ejecución.
De acuerdo con el informe hay nueve puntos verificados donde se realizaron los ataques en contra de los normalistas, contra los jóvenes integrantes del equipo de fútbol los Avispones y contra personas que simplemente iban transitando en automóviles, los cuales ocurrieron en al menos tres horas durante las cuales el nivel de violencia fue masivo, indiscriminado, y refleja la impunidad con la que los actores actuaron frente a las distintas autoridades y al crimen organizado, presente en la región.
La pista del quinto autobús, que negaron reiteradamente las autoridades estatales y federales, debe ser investigada porque conduce directamente a la hipótesis de que había en ese autobús posiblemente droga, heroína, que iba directamente a Estados Unidos, según los propios expertos.
Según la evidencia analizada por el grupo de expertos, así como los testimonios recabados directamente, es posible determinar que los ataques realizados fueron coordinados por una persona, presuntamente operó en una casa ubicada en el centro de Iguala, hasta la ubican con una casa de color blanco; hasta ahora nadie había mencionado a otro autor intelectual desconocido.
Asimismo, los indicios permiten indicar como línea de investigación que la posible motivación de este terrible ataque podría ser presuntamente no dejar salir de Iguala los camiones de autobuses que habían sido tomados por los normalistas para que el grupo de expertos, desde el inicio de la investigación de la PGR, dice, fue incompleta y con errores; es decir, podemos concluir que la llamada verdad histórica que hasta este momento había sostenido el gobierno federal se ha derrumbado por completo.
Ese informe, además de evidenciar la mentira histórica, construida desde la PGR, también exhibe la ineficacia y la ineptitud de las instituciones de procuración e impartición de justicia de nuestro país.
Ante un informe tan contundente y demoledor se requiere de forma urgente e inmediata un diagnóstico institucional que permita comprender y corregir y, en su caso, sancionar el desempeño de aquellos servidores públicos que manipularon, ocultaron y omitieron deliberadamente información, y que fueron el sustento de las conclusiones presentadas por la PGR, además de la implementación de medidas extraordinarias que permitan corregir las investigaciones.
El Presidente de la República no sólo debe girar instrucciones a la PGR para que incorpore los elementos de la conclusión del grupo de expertos, sino ordenar la reapertura de las investigaciones y aceptar el diálogo que afortunadamente ya aceptó con los familiares de los normalistas.
Sólo con decisiones de esta naturaleza será posible recuperar la confianza de la ciudadanía, y que el Estado mexicano cumpla con su deber de garantizar los derechos a la verdad y a la justicia, que las familias de los normalistas y la sociedad en su conjunto exigen para este caso, así como para muchos otros casos de la misma gravedad que son verdaderas violaciones a los derechos humanos.
Entre la tristeza, la frustración y el enojo, las familias de los normalistas siguen esperando una respuesta contundente de las instituciones y el compromiso del titular del Ejecutivo Federal para corregir las investigaciones integralmente, y para continuar la búsqueda de los estudiantes, para sancionar efectivamente a los perpetradores y para investigar y sancionar a los servidores públicos que construyeron, lo que hoy sabemos, una mentira histórica.
Por todo ello, es urgente que el Presidente de la República reciba a los familiares, como se ha comprometido, pero también hay que subrayar que como los especialistas fueron acreditados en la investigación, fueron acreditados los expertos independientes, entonces sus resultados tienen carácter vinculante.
Y pedimos nosotros la corrección y la reconducción, una nueva investigación con una fiscalía especial independiente. Que haya también un diseño con los especialistas y los familiares, un nuevo plan de búsqueda para los 43 normalistas, y una nueva averiguación que sancione contundentemente a los que inventaron la mentira histórica.
Y como se construyó una conclusión falsa, irreal, muy distinta a lo sucedido, impidiendo con ello investigar y sancionar a los responsables a partir de hechos probados científicamente, y no a partir de historias sin sustento o inventadas, citamos a comparecer a la Procuradora General de la República y al Secretario de Gobernación para que expliquen, en qué estas recomendaciones pudieran servir para reiniciar la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas.
Es cuanto.
Gracias.
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