Intervención en tribuna del senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 85 de la Ley General de Desarrollo Social.
Benjamín Robles Montoya, (BRM): Con su venia Senador Presidente.
Compañeras y compañeros Senadores: Como todos ustedes saben, la Ley General de Desarrollo Social tiene como objetivo fundamental impulsar una política social enmarcada por la coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno, a efecto de que cualquiera de ellos esté en la posibilidad de participar en la planeación y en la aplicación de los recursos destinados a los programas sociales.
Creo que en este Senado reconocemos que la ley de mérito es una valiosa aportación al marco jurídico nacional, ya que de manera clara instituye y define el proceso de acceso a los programas sociales. Sin embargo, sostenemos, compañeros, compañeras, que existen pendientes que deben ser integrados al precepto de referencias, en virtud de que el rezago y la desigualdad social continúa, y lo subrayo, continúa, siendo un rasgo distintivo en nuestro país.
En ese orden de ideas quiero abordar, si me lo permiten, uno de esos pendientes que debe ser atendido a la brevedad, porque para que la ley se cumpla con una mayor eficacia, sus principales objetivos, es decir, la evaluación y seguimiento de los programas sociales, hay que en principio recordarlos.
La Ley General de Desarrollo Social señala que los programas, que los fondos, que los recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y también son de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación, de acuerdo, y no podrán sufrir, ni disminuciones en sus montos presupuestales.
Pero lamentablemente, compañeras y compañeros, en nuestro país durante años ha permeado una arraigada costumbre de cooptación política, de cooptación clientelar y partidista, de los programas dirigidos a los grupos focalizados, dejando de lado siempre a los más pobres.
Y aunque desde la izquierda se ha trabajado de manera incansable en el fortalecimiento de los programas sociales, hay que reconocer que no ha sido suficiente para contrarrestar los abusos que se cometen por parte de la autoridad.
Así, en lo que respecta a la evaluación y al seguimiento, de la Ley General de Desarrollo Social, ésta instituyó un proceso sistemático para evaluar la política pública en la materia, con el fin precisamente de dar seguimiento al cumplimiento del propósito social de los programas para corregirlos, para modificarlos, para adicionarlos y orientarlos, inclusive suspenderlos total o parcialmente.
Sin embargo, me pregunto, por ejemplo, ¿por qué si la Ley General de Desarrollo Social integra de modo preciso los procedimientos destinados a la evaluación de los programas sociales, por qué entonces no se han completado las correcciones significativas ante los resultados que arrojan los propios mecanismos de evaluación?
Lo anterior, desde mi punto de vista, Senador Presidente, compañeras y compañeros, se debe a que en ningún artículo se determina que las evaluaciones deben ser observadas por las dependencias y entidades federales. Las evaluaciones y las recomendaciones que se emiten acerca de los programas sociales pueden ser de gran interés, pero solamente lo han sido hasta ahora de carácter informativo.
Por lo tanto, vengo a esta tribuna a decir que es necesario y que es impostergable cambiar esta condición en la Ley General. Se tiene que dotar y lo subrayo, a las instituciones evaluadoras de facultades que permitan que sus recomendaciones se traduzcan en herramientas para mejorar progresivamente los programas sociales y así, compañeras y compañeros, estar en condiciones para que nos ayuden a evitar errores que impidan el acceso a una vida digna para todos los mexicanos.
Es por eso, Senador Presidente, compañeras y compañeros, que solicito su invaluable apoyo para concretar esta reforma.
Es cuanto, Senador Presidente.
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