El senador del PRD, Benjamín Robles Montoya, solicitó al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, establecer una mesa de diálogo con los representantes de las familias defraudadas por distintas sociedades financieras y grupos inmobiliarios, a fin de buscar mecanismos que permitan resolver la problemática.
Además pidió que la Procuraduría General de Justicia en el estado informe a los agraviados sobre el avance de las investigaciones de la denuncias presentadas y que la Procuraduría General de la República ejerza su facultad de atracción, con relación a las denuncias interpuestas por los defraudados
Al fundamentar en tribuna, el representante por Oaxaca explicó que en el año 2009, en Puebla más de 55 mil familias fueron defraudadas por un monto aproximado de 3 mil millones de pesos por empresas como COOFIA, SITMA, INVERBIEN, INVERGROUP, Grupo Bienestar Social La Paz, COMSBMRA, INCOIN, GEICI, SARE, INVERTLAX, entre otras.
“Desde entonces, en el 2009, cuando esta situación explotó y se hizo de conocimiento público, decenas de miles de poblanos han exigido justicia y retribución del daño. Primero al entonces Gobernador, Mario Marín, y desde el 2010 al actual Gobernador”, mencionó.
El legislador del PRD acusó que en Puebla se establecieron 32 sociedades inmobiliarias, con el aval de los gobiernos municipal, estatal y federal, permitiendo su funcionamiento y posterior quebranto en detrimento de decenas de miles de familias poblanas.
Robles Montoya aseguró que esta situación fue tolerada por las autoridades e incluso fue promovida por funcionarios del gobierno del estado; quienes realizaron operaciones oficiales con estas empresas.
“Firmaron convenios que no se han hecho públicos y aprovechando las campañas publicitarias de estas empresas para promoverse personalmente”, sostuvo.
El legislador oaxaqueño señaló que los afectados, además del calvario que les ha significado perder los ahorros de sus vidas, han realizado infinidad de gestiones sin que hasta ahora haya habido avances importantes en este tema.
“Desde la presentación de demandas penales, a recomendación expresa de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, a la franca movilización y manifestación ante la ausencia de solución. La respuesta, por parte del Gobierno de Puebla, ha sido la represión”, detalló.
Y destacó que la integración de las demandas, por parte del Ministerio Público, ha sido a toda luz errónea e insuficiente, “misma que dio paso a que jueces dieran su veredicto en contra de los quejosos”.
“Hoy la gran mayoría de los defraudadores se pasean con absoluta impunidad. La Procuraduría General de Justicia del estado ha recibido miles de querellas y denuncias de los afectados”, apuntó.
El senador Benjamín Robles afirmó que la Procuraduría del estado les ha negado información a los agraviados, además de que se desconoce el padrón de los afectados, los montos totales de los fraudes, las cuentas bancarias y los bienes de los presuntos defraudadores.
Finalmente, lamentó que a seis largos años de estos sucesos, los avances hayan sido nulos y las demandas de los ciudadanos defraudados hayan sido desdeñadas por la administración local.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Justicia para su análisis y posterior dictamen.
