- Indispensable, la participación de la sociedad civil
- Comienzan audiencias públicas como parte del proceso legislativo
La senadora Angélica de la Peña señaló con contundencia que el Senado de la República está listo para iniciar el debate de una Ley General contra la Desaparición Forzada de Personas y entre particulares en términos del artículo constitucional 73 fracción XXI inciso A; y que si hay voluntad política, las diversas iniciativas en la materia que están en comisiones, incluyendo la presentada porella misma, serán dictaminadas en el siguiente periodo.
Expresó que se está en espera de que el Ejecutivo federal envíe su propuesta a lo que mencionó sería importante la presente como iniciativa preferente, por lo que están las condiciones para que este mismo año contemos con una legislación que se aplique en todo el país, que armonice los tratados aprobados por nuestro país, que cumpla con las recomendaciones de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ONG’s y, sobre todo, con las expectativas de las familias de las víctimas de este deleznable delito.
Dijo que al tratarse de una ley de carácter penal y de la comisión de un delito de alto impacto es necesario que la legislación sea prácticamente perfecta, que sancione en función del debido proceso, sin ningún vacío o laguna legal que permita el paso a la impunidad, que constituya todos los mecanismos de investigación, bancos de datos genéticos, de personas detenidas, de reparación integral del daño y las políticas para la declaración de ausencia que den certidumbre a las familias que sufren entre otras acciones legales que deben estar inscritas en la legislación; por lo que es indispensable consultar a especialistas, a organizaciones de la sociedad civil y a los familiares de las víctimas.
De la Peña resaltó que a fin de abonar al proceso legislativo, “la Comisión de Derechos Humanos asume su responsabilidad a partir de la promulgación de la reforma constitucional que otorga facultades al Congreso de la Unión para diseñar una sola ley general para todo el país; por eso ha convocado a diversas organizaciones de la sociedad civil y a especialistas en la materia de desaparición de personas para que en audiencias públicas entreguen a las y los senadores sus observaciones y propuestas sobre el análisis de las iniciativas ya presentadas a la luz de los tratados que nos obligan y vinculan”.
Las organizaciones convocadas son: Litigio Estratégico en Derechos Humanos; Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; FreedomHouse, México; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín PRO Juárez; Servicios para la Paz; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Centro de Análisis e investigación, FUNDAR; Fuerzas Unidas Por Nuestros Desaparecidos En México (Fundem); Defensa Estratégica en Derechos Humanos; Familias Unidas en la búsqueda y localización de personas desaparecidas (Coahuila); América Latina para Open SocietyJusticeInitiative; Instituto de Justicia Procesal Penal; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Asociación «Los Otros Desaparecidos» de Iguala- Guerrero; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
La también Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado mencionó la pertinencia de que la nueva ley esté acompañada con un presupuesto estimado para que sea incluido en la discusión en el Presupuesto de Egresos 2016 sin demérito de la transversalidad de una sola política que unifique todos los programas que hoy existen, algunos sin mayores éxitos. Una vez aprobada urge sea implementada de manera inmediata.
Insistió que la Ley que se apruebe tiene por objeto tipificar los delitos de desaparición de personas con base en los criterios establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte; así como determinar bases de coordinación y distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno para prevenir, investigar y sancionar los delitos de desaparición de personas.
La legisladora del PRD apuntó que la legislación que sea aprobada deberá definir por Persona Desaparecida, toda persona que, con base en información fidedigna de familiares, personas cercanas o vinculadas a ella, la hayan dado por desaparecida de conformidad con el derecho interno, lo cual puede estar relacionado con un conflicto armado internacional o no, una situación de violencia o disturbios de carácter interno, una catástrofe natural o cualquier situación que pudiera requerir la intervención de una autoridad pública competente.
Esta ley, indicó, también deberá instruir a las instituciones de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia y de acuerdo a los lineamientos que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública, deberán coordinarse; las procuradurías o fiscalías de la federación y de las entidades federativas deberán crear y operar unidades especiales para la investigación de las conductas previstas en la Ley, que contarán con Ministerios Públicos y policías especializados, recursos humanos, financieros y materiales que requieran para su efectiva operación. Estas unidades se integrarán con servicios periciales y técnicos especializados para el ejercicio de su función.
Refirió que se contempla que la legislación incluya también un Registro Nacional de Perfiles Genéticos, el cual concentrará información de los perfiles genéticos de personas desaparecidas, de familiares en primer grado en línea recta de las víctimas, y de los restos que eventualmente se encuentren de personas de las que se desconozcan datos de identificación.
La legisladora indicó que la declaración de ausencia por desaparición pretende reconocer y garantizar los derechos a la identidad y personalidad jurídica de la víctima sometida a desaparición, y otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a sus familiares.
Y abundó que en lo referente a la atención a víctimas y la reparación integral del daño, las autoridades deberán garantizar el derecho de las víctimas, directas e indirectas, de los delitos de desaparición de personas a recibir atención y asistencia en materia de procuración y administración de justicia; la reparación del daño prevista comprende la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición del hecho.
Las Audiencias Públicas tendrán lugar mañana, martes 18 de agosto, de las 10:00 a las 18:00 hrs., en el Salón de la Comisión Permanente, en la sede de la Cámara de Senadores.
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