Es positivo que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal instruido publicar en la Gaceta Oficial la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del DF, ya que establece claramente las acciones a las que están obligadas las autoridades locales para garantizar la vida a integridad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos que se vean amenazados durante el desarrollo de sus actividades profesionales, señaló la senadora Angélica de la Peña.
Dijo que también debe reconocerse que el Distrito Federal estaba retrasado en el cumplimiento del Convenio de Cooperación para la Implementación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, derivado de la Ley de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.
De acuerdo con los registros de la relatoría para la libertad de expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hace un año se registraron al menos 125 agresiones en el DF, sobre todo en el contexto de cobertura de las manifestaciones.
La misma institución indicó que desde 2007, ha tramitado 47 quejas por agresiones contra periodistas; de las cuales, 33 investigaciones se concluyeron y 14 continúan en trámite.
Consideró que la eficacia y eficiencia del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, exige que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal asigne los recursos presupuestales suficientes, por lo que la Legislatura que inicia en septiembre deberá contemplar este tema entre las prioridades.
La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado apuntó que para garantizar la seguridad a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México es necesario que las autoridades federales y estatales para implementar políticas públicas de prevención con acciones específicas, entre ellas:
- Permanente recopilación y análisis de toda la información que sirva para evitar Agresiones potenciales.
- Diseño de sistemas de alerta temprana y planes de contingencia con la finalidad de evitar potenciales Agresiones a las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
- Promoción del reconocimiento público y social de la importante labor de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como la condena, investigación y sanción de las agresiones de las que sean objeto.
Erradicar la impunidad debe ser el compromiso indeclinable de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar seguridad, en sus personas y familias, no sólo a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el desempeño de sus labores sino a la sociedad entera; por lo que una vez más instamos a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a agotar todas las líneas de investigación para esclarecer con prontitud, transparencia, absoluto respeto al debido proceso y a los derechos de las víctimas y sus familias, los hechos en los que fueron asesinados el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, Yesenia Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés y Mile Virginia Martín, concluyó la senadora Angélica de la Peña.
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