Sería contraproducente reglamentar intervención de fuerzas armadas en seguridad pública: de la Peña Gómez


Mantener a elementos del Ejército y de la Marina Armada realizando actividades de seguridad pública ha sido una decisión perjudicial, una salida fácil para las autoridades federales y estatales ante el reto de combatir la corrupción y conformar cuerpos policiacos profesionales y con estrictos controles de confianza, por lo que reglamentar tal actuación sería un error mayor, afirmó la senadora Angélica de la Peña.

 

Indicó que sería una equivocación por parte del Congreso de la Unión incluir en la agenda del próximo período de sesiones una legislación para la intervención de las fuerzas armadas como parte de una estrategia de seguridad pública a largo plazo, “debemos priorizar el combate a la corrupción;depuración de los cuerpos policiacos existentes, además de su capacitación y profesionalización; el establecimiento de controles anticorrupción, de rotación y de salarios dignos; el uso eficiente y supervisados de los recursos destinados a este rubro por parte de municipios, de gobiernos estatales y del federal”, añadió.

 

En este sentido, explicó de la Peña, el Congreso de la Unión sí debe regular el uso legítimo de la fuerza pública y concluir el proceso de fortalecimiento institucional que nos permita contar con cuerpos policiacos y mandos civiles confiables, para recuperar el estado de derecho en todos los espacios del territorio mexicano.

 

El Ejército y la Marina Armada, explicó la legisladora del PRD, han sufrido un innecesario desgaste humano, financiero y de su imagen ante la sociedad, porque ordenarles patrullar ciudades y pueblos, instalar retenes, enfrentar a criminales que no obedecen ninguna regla de combate ni código de honor, ha sido desvirtuar la misión para la que fueron creadas estas instituciones y el entrenamiento que han recibido sus elementos.

 

La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos recordó que el Estado mexicano ha recibido múltiples recomendaciones de organismos internacionales para retirar a soldados y marinos de actividades de seguridad pública, y agregó que “no podemos ignorar los señalamientos que la propia Organización de las Naciones Unidas ha hecho, por ejemplo, en voz del relator sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, quien concluyó que la presencia de militares mexicanos en tareas de seguridad pública representa un riesgo para los ciudadanos porque fomenta violaciones a los derechos humanos.”

 

Una reglamentación de la actividad de las fuerzas armadas en seguridad pública no habría evitado casos como Tlatlaya y, más recientemente, Zacatecas; la solución de fondo es diseñar y ejecutar una estrategia integral que permita regresar de manera paulatina a soldados y marinos a sus cuarteles y fortalecer las capacidades institucionales del Estado mexicano, “el papel de las fuerzas armadas está definido por la Constitución y lo que debemos discutir en los próximos meses es el rol que les corresponde dentro de un Estado democrático de derechos”, puntualizó la senadora Angélica de la Peña.

 

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