Uno de los principales retos para el Congreso de la Unión en la Legislatura que comenzará en septiembre será la revisión, discusión y aprobación de una legislación contra el delito de trata de personas cuya operatividad efectiva esté garantizada, afirmó la senadora Angélica de la Peña.
Al participar en la inauguración del Foro “Análisis de los Delitos contenidos en la Ley vigente contra la Trata de Personas, así como la protección y atención a Víctimas”, la legisladora del PRD señaló que nuestro país no ha presentado ningún avance en el combate al delito de trata de personas desde 2001, esto acorde al “Reporte sobre Tráfico de Personas 2015” elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Dijo que aunque la información presentada por la dependencia norteamericana no es desconocida para las organizaciones de la sociedad civil ni por el Congreso de la Unión, sí llama la atención que se ponga de relieve la complicidad y corrupción de funcionarios públicos, especialmente de policías locales y agentes del Instituto Nacional de Migración.
Aseguró que el debate de la legislación contra el delito de trata de personas debe centrarse en su perfeccionamiento, principalmente para que el tipo penal sea debidamente inscrito y cumpla con los estándares internacionales –una de las obligaciones del Estado mexicano al ser parte de diversos instrumentos multilaterales- y sea aplicable por los operadores de la ley en todo el país, “hoy incluso existe confusión por parte de autoridades en la conceptualización del delito de trata de personas”, añadió.
Lamentó que no existan cifras concretas y actualizadas acerca de cuántos son los procesos iniciados y cuántas son las sentencias condenatorias, el último “Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México” indica que entre el año 2009 y el 2011 se registraron sólo 629 averiguaciones previas por el delito de trata de personas en el fuero común y en el fuero federal, a este último correspondieron el 32% de estas investigaciones.
De la Peña Gómez enfatizó que el gran problema de la aplicación de la ley vigente, motivo principal de las y los legisladores que impulsaron la revisión y modificación de esta legislación, también es señalado por el Departamento de Estado norteamericano en la mención de quelas investigaciones y los enjuiciamientos comúnmente se retrasan mientras las autoridades tratan de determinar qué fiscales tienen jurisdicción o quienes están coordinados con funcionarios de otras partes del país, en detrimento tanto de la causa penal y las víctimas.
Recordó que el caso de los jornaleros agrícolas representa una crisis aun no resuelta en nuestro país y un foco rojo en la trata de personas porque con la ley vigente difícilmente podría configurarse el tipo penal, y por lo tanto, la impunidad de quienes se benefician de su tráfico y explotación en la agricultura, el servicio doméstico, preparación de alimentos, la construcción y actividades de la economía informal.
Resaltó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno han hecho muy poco en materia de prevención del delito de trata de personas y en atención integral de las víctimas de este delito, aunque acorde a la ley vigente establece que son responsables de diseñar e implementar políticas públicas en esos rubros.
Los grupos parlamentarios en el Senado de la República tienen un claro compromiso para contribuir, en coordinación con la Cámara de Diputados, las autoridades procuradoras de justicia de los tres órdenes de gobierno y el Poder Judicial, en el establecimiento de una política de combate efectivo al delito de trata de personas, prevención del mismo y debida atención de las víctimas a partir de una legislación que cumpla con las mejores prácticas internacionales, concluyó la senadora Angélica de la Peña.
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