El pasado domingo 19 de julio, Cemeí Verdía Zepeda, comandante de la policía comunitaria de Ostula, Michoacán, acudió a una cita con un funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad, quien lo había convocado para hacer una revisión de su armamento y “regularizar” un vehículo blindado que el propio gobierno estatal le había entregado.
La cita era en realidad una trampa. Verdía fue detenido, sacado por aire de la zona, remitido a Morelia y más tarde a un penal en Nayarit. Mientras tanto, alertada la comunidad que lo eligió “primer comandante de la policía comunitaria” en febrero de 2014, los pobladores realizaron bloqueos en distintos puntos de la carretera costera.
Conocedores del liderazgo de Verdía, los gobiernos federal y estatal realizaron un aparatoso despliegue de fuerza que propició que militares y policías enfrentaran a civiles que se defendieron con palos y piedras.
En el punto conocido como Ixtapilla, según testimonios, los militares realizaron disparos, supuestamente para asegurar su salida del lugar. Como resultado de esa acción murió el niño Hidilberto Reyes, de 12 años de edad, y varias personas resultaron heridas, entre ellas una menor de seis años.
Tlatlaya, Calera y Ayotzinapa, por recordar algunos de los casos que más han lastimado a la nación, parecen no haber sido suficientes para que el gobierno entienda que la actuación de las Fuerzas Armadas no puede estar marcada por el abuso ni darse sin el cumplimiento exacto de protocolos sobre el uso de la fuerza.
La Procuraduría de Michoacán se apresuró a declarar que los militares no tuvieron ninguna responsabilidad y que los disparos que terminaron con una vida y lastimaron otras fueron hechos por personas desconocidas.
Si no tuviéramos presentes hechos terribles como los de Tlatlaya, que las autoridades del Estado de México y funcionarios del gobierno federal presentaron reiteradamente como un “enfrentamiento” –y no como ejecuciones extrajudiciales, que fue lo que verdaderamente ocurrió–, la versión oficial tendría alguna posibilidad de ser creíble. No es así, lamentablemente.
Paradójicamente, la versión oficial de lo sucedido en Aquila coincidió con la presentación del informe de la CNDH sobre el caso Iguala. Como se sabe, el ombudsman nacional echó por tierra la “verdad histórica” deJesús Murillo Karam y, como respuesta, la PGR ofreció una investigación “profunda, exhaustiva y transparente” sobre lo ocurrido en Iguala y sobre el paradero de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos. Una investigación de las mismas características exigen los hechos ocurridos en la costa michoacana.
En este escenario, no debe olvidarse que la comunidad nahua de Ostula fue víctima, durante varios años, del terror del crimen organizado.
Los ataques contra los pobladores indígenas arreciaron luego de que, en 2009, decidieron recuperar tierras que les fueron arrebatadas mediante artilugios legales. El precio fue muy alto: 32 líderes comunitarios fueron asesinados y seis continúan desaparecidos.
En 2010, Cemeí Verdía huyó de su comunidad porque los pistoleros de La Tuta lo buscaban para matarlo. Pasó fuera cuatro largos años y sólo pudo volver cuando los pobladores de Ostula se reorganizaron y recibieron el apoyo de las autodefensas de los municipios vecinos para expulsar a Los Templarios.
A su regreso, una asamblea de miles de comuneros lo eligió comandante de una policía comunitaria que existe desde hace décadas. La precisión importa porque los pobladores de Ostula, que se armaron para defenderse, no se identifican como autodefensas. Ellos apelan a su condición de pueblos originarios y al derecho de defender su territorio que les otorgan, entre otros instrumentos, tratados internacionales firmados por México.
En diciembre del año pasado, Verdía sufrió un atentado contra su vida. En mayo de este año, uno más. Después del segundo ataque, el gobierno de Michoacán llevó a la cárcel al presidente municipal de Aquila, quien con otros cómplices había fraguado el fallido asesinato.
En el fondo, según reconocieron los propios detenidos, el problema es que Cemeí Verdía representaba un obstáculo para el reparto de las ganancias que generan las minas de la región.
El gobierno mexicano debe liberar a Cemeí Verdía y atender los reclamos agrarios y de justicia de Santa María de Ostula.
Twitter:@Dolores_PL
