Con el propósito de contrarrestar la sistemática violación a las regulaciones sobre proselitismo realizada por algunos partidos políticos, el senador Zoé Robledo propuso definir en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales las infracciones cometidas por grupos de observadores electorales.
A través de una iniciativa para modificar los artículos 443, 444, 448 y 456 de dicha ley, el legislador planteó que constituya una infracción toda colaboración con cualquier agrupación de observadores electorales que contravenga los principios de transparencia y equidad en la contienda con apego a los cuales deben conducirse, y que impliquen un conflicto de intereses en la realización de sus actividades.
Al fundamentar su propuesta, Zoé Robledo mencionó la reciente aprobación del Instituto Nacional Electoral para realizar una indagatoria sobre el presunto vínculo entre el Partido Verde Ecologista de México y la organización Fuerza Ciudadana Comprometida en el marco de la acreditación para fungir como observadores electorales en los comicios de Chiapas.
Dicha agrupación, agregó, ha sido señalada por difundir fotografías de personas colocando mantas y promoviendo la afiliación a favor del PVEM, mientras que el PAN, el PRD y Morena han pedido que se inicie un procedimiento sancionador pues consideran que pudieron infiltrarse en las casillas para promover el voto a favor del Partido Verde.
“La observación electoral es una forma de participación ciudadana en los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, cuyo propósito es vigilar que la totalidad del desarrollo de los comicios se realice con transparencia, legalidad y equidad en la contienda”, señaló el senador.
Destacó que este instrumento tiene como objetivo fortalecer la confianza y certidumbre en la realización de los comicios, fomentar la participación libre y voluntaria de ciudadanos responsables de ejercer sus derechos políticos, en estricta observancia de las leyes emitidas para tal efecto.
Por ello, advirtió que la posibilidad de que un partido político manipule dicho instrumento para tener una ventaja en los comicios “constituye un factor que amenaza con desvirtuar por completo la figura de la observación electoral, pues al ser susceptible de caer en un conflicto de intereses estaría propiciando exactamente lo contrario a lo que constituye su propósito fundamental: vigilar la pulcritud de los comicios”.
Zoé Robledo subrayó que el problema se agrava si se considera que las organizaciones de observadores electorales podrán impartir los cursos para realizar esta función por conducto de instructores de las propias agrupaciones previamente acreditados como observadores electorales por el Consejo Local o Distrital del INE.
“El aprovechamiento de huecos legales para tomar ventaja proselitista desleal sobre los otros competidores electorales hace necesario que se instrumenten medidas para remediar definitivamente estos y cualquier otro ataque a nuestras nobles instituciones democráticas”, concluyó.
La iniciativa se remitió a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores para su análisis y posterior dictamen.
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