El Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República propuso que el Congreso de la Unión retire su confianza a los funcionarios integrantes de la línea de mando del Sistema Penitenciario Federal y de Inteligencia del Estado Mexicano.
Lo anterior, toda vez que la fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal de máxima seguridad del Altiplano evidencia que fallaron en el cumplimiento de su función pública.
“Toda la línea de mando, desde el secretario de Gobernación hasta el custodio a cargo de la celda donde se encontraba el delincuente Joaquín Guzmán Loera, pasando por la institución de inteligencia que debió haber previsto y alertado sobre la fuga, fallaron en el cumplimiento de sus responsabilidades”, aseveraron.
Por medio de un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, los legisladores sostuvieron que en un sistema democrático, todo servidor público debe estar sujeto al cumplimiento de la ley y a asumir la responsabilidad correspondiente cuando falle en la consecución de su función pública.
Señalaron que el Sistema Penitenciario Federal está a cargo de la Administración Pública Federal centralizada, por medio de la Secretaría de Gobernación y sus diversas dependencias jerárquicamente subordinadas que tienen atribuido este tema.
Indicaron que tanto el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, como el comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Juan Ignacio Hernández Mora; la coordinadora General de Centros Federales, Celina Oseguera Parra; y el director General del Centro Federal N. 1 Altiplano, Valentín Cárdenas Lerma, quienes ya fueron cesados, son responsables de la fuga del reo.
Por ello, consideraron conveniente que el Congreso de la Unión manifieste su desconfianza en un gesto de responsabilidad política y de compromiso con la rendición cuentas propias de un Estado Constitucional de Derecho.
El GPPRD sostuvo que todos los funcionarios que integran la cadena de mando del Sistema Penitenciario Federal fallaron en el cumplimiento de la encomienda que por ley les corresponde, por lo que no son merecedores de la confianza de esta representación política.
Finalmente, afirmaron que México es un Estado constitucional, por lo que las fallas graves en que incurra un funcionario no pueden quedar impunes, además de que las mismas son producto de la corrupción y de la impericia en el desempeño público.
El punto de acuerdo fue turnado a la Primera Comisión de trabajo de la Comisión Permanente para su análisis y posterior dictamen.
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