No, el objetivo del reciente proceso electoral no era vencer al abstencionismo, la prioridad era que chiapanecas y chiapanecos eligieran libremente a nuevas autoridades, hombres y mujeres con integridad y capacidad, con amor por su tierra y por su gente, con imaginación y determinación para abatir la miseria.
Porque en Chiapas el 37 por ciento de la población, poco más de un millón 629 mil 200 personas están inmersas en la pobreza extrema, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Lo anterior, pese a que los dos gobiernos anteriores y el actual han recibido entre los años 2000 y 2014 transferencias de la Federación por 2.5 billones de pesos, sin impacto en los niveles de bienestar.
El “Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas, México 2015”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ubica a Chiapas con el grado más bajo de desarrollo humano entre las 32 entidades federativas.
Este significa que el 25 % de la población no tiene acceso a servicios de salud; el 83.3 % a la seguridad social; 29.1 % a la calidad y espacios en la vivienda; 56.8 % a servicios básicos en la vivienda; 25.7 % a la alimentación y el 33% padece rezago educativo.
Chiapas tiene una de las tasas de desempleo más bajas del país, pero irónicamente, también tiene la más alta en informalidad laboral, que este año llegó al 79.2 %, lo que -palabras más, palabras menos- implica que no se crean empleos suficientes, muchos menos si pensamos en trabajos dignos y bien remunerados.
Pero si algo tiene crecimiento dinámico en el gobierno estatal chiapaneco es el endeudamiento, pues se han contratado empréstitos por 2,953.1 millones de pesos anuales, esto es 364 millones de pesos más que en el sexenio anterior, y de seguir esta tendencia, en el 2018 la deuda del gobierno de Chiapas será de 32,950.1 millones de pesos, un 100% más que al inicio del actual sexenio.
Terrible realidad para un estado que es reconocido a nivel mundial por sus recursos naturales y biodiversidad; realidad incompresible para viajeros de todo el mundo que visitan Chiapas y no pueden comprender las razones por las que las y los chiapanecos viven en una desoladora pobreza.
Pero en Chiapas pareciera que todo está bien, incluso multiplicar candidatos y partidos locales para disgregar el voto; desvirtuar al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para convertirlo en una complaciente marioneta; violentar el principio constitucional de paridad y despojar a las mujeres de su derecho a ser votadas en igualdad de condiciones; permitir actos de violencia en contra de candidatas y candidatos contrarios a los partidos políticos oficiales, etcétera.
Y en “la normalidad” de la jornada electoral, tan festeada por las autoridades, observamos cambio de ubicación de casillas sin previo aviso; robo de casillas; intimidación; gente que con fajos de dinero en mano comprando votos a favor de determinado candidato.
Agoreros del oficialismo gritan a los cuatro vientos que las urnas han hablado y la gente ha brindado su total confianza a dos partidos políticos. Celebran con grandilocuencia y se burlan de las denuncias.
Es un derecho de las y los chiapanecos aspirar a mejores condiciones de vida y construir un futuro para sus familias, para sus hijas e hijos; juzgar el trabajo de los funcionarios que tienen la alta responsabilidad de gobernarlos; castigar a un partido cuando no cumple con sus promesas de campaña. El pasado fin de semana se les arrebató ese derecho.
El objetivo del reciente proceso electoral era comenzar a transformar la terrible realidad de la pobreza extrema en Chiapas. XXX TWITTER: @angelicadelap
