- Los requisitos que establecen para mantener el permiso pueden generar discrecionalidad e inseguridad jurídica
- El 1.5 % que se pagará por operación debería ser aportado a un fideicomiso que es público al provenir de un servicio que paga el consumidor
- Estas acciones deben tener como destino mejorar el servicio de transporte y la movilidad en la ciudad, y evitar la tentación de ser un instrumento más de recaudación
El senador Mario Delgado Carrillo reconoció que la regulación a los servicios de transporte individual publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el pasado 15 de julio representa una acción de vanguardia frente a otras ciudades del mundo y coloca a la capital del país en un nuevo concepto.
Sin embargo, precisó el legislador, la propuesta para regular los servicios como Uber y Cabify tiene ambigüedades que pueden dar lugar a manejos discrecionales y falta de transparencia.
Añadió que toda contribución, como los pagos que se harán de 1.5 % por viaje, tendrían que ser administrados por un fondo público establecido por ley y no mediante un acuerdo para evitar que haya informalidad sobre su manejo, y más si provienen de recursos del consumidor.
“Es una cuestión de orden público e interés general, además, el usuario ya paga 1.9 % por el uso de tarjeta de crédito como lo establece el Banco de México, que sumado al 1.5%, resulta en un 3.9% que tendrá que asumir como costo el consumidor”, apuntó el senador.
La SEMOVI anunció que este tipo de empresas deberá hacer un pago único de 4 mil 617.50 pesos ante la dependencia para acreditarse como permisionarios del servicio y una cuota anual de mil 599 pesos por cada unidad registrada conforme a la normatividad fiscal.
En este sentido, Delgado Carrillo agregó que la SEMOVI establece una serie de requisitos como que las unidades deberán contar con calcomanía cero, ser de cuatro puertas, contar con aire acondicionado, cinturones de seguridad, bolsas de aire y portar la identificación del vehículo que determine la SEMOVI.
“Pero estas acciones deben tener como destino mejorar el servicio de transporte y la movilidad en la ciudad, y evitar la tentación de ser un instrumento más de recaudación”, insistió Delgado Carrillo.
Adicional a estos requisitos, la dependencia establece que se debe presentar una constancia de capacitación del operador que lo certifique, y para mantener o acceder al permiso, deberán estar sujetos a la oferta y la demanda.
“Lo cual es discrecional y subjetivo, ya que todos estos requerimientos pueden generar corrupción y falta de transparencia”, advirtió el legislador capitalino.
El presidente de la Comisión del Distrito Federal indicó que existe una barrera a la entrada para los mecanismos de prepago que no pueden competir con los mecanismos de pago bancarios con tarjeta de crédito, lo cual es excluyente, anticompetitivo y no es de libre concurrencia.
En los acuerdos publicados tampoco se aclara si el costo de las unidades de servicio privado incluye el IVA o no, además de que sujetar la revista vehicular a criterios administrativos de la propia SEMOVI es ilegal, ya que todo acto de molestia a los ciudadanos debe estar establecido en la ley, como la Ley de Transporte o la Ley de Movilidad, y no en un acuerdo en el que incluso se mantiene ajeno el propio Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, indicó el senador capitalino.
Con el fin de brindar certeza jurídica a todos, incluidos gobierno, empresas, chóferes y usuarios, se debe revisar si no se invaden facultades de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, órgano al que le corresponde legislar sobre contribuciones a la ciudad, finalizó Mario Delgado.
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