La causa: la fuga del narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán es un acontecimiento grave, que pone a la vista de la sociedad la penetración del crimen organizado en el sistema penitenciario y en áreas estratégicas de seguridad.
Desde que se conoció la fuga, los medios de comunicación nacionales e internacionales han dado cuenta de este hecho. Una cascada mediática que transmite una y otra vez las circunstancias de la fuga.
En medio de la visita oficial del Presidente Enrique Peña Nieto a Francia estalló otra crisis de credibilidad de las autoridades que pone en entredicho la eficacia de las instituciones mexicanas ante la sociedad y la comunidad internacional.
Lo causado: estos acontecimientos expresan la fragilidad de las instancias de seguridad, como consecuencia de la aplicación de una política equivocada en materia de seguridad y procuración de justicia, las cuales ponen en riesgo la credibilidad misma del Estado Mexicano.
No puede menospreciarse el hecho de que “El Chapo” Guzmán es una figura simbólica del crimen organizado. Las autoridades involucradas tenían la complicada responsabilidad de evitar que se fugara. No se trataba de un reto fácil dado los antecedentes del interno. Ante esta circunstancia, las instituciones responsables tenían que emprender las acciones para mantenerlo preso. Debe reconocerse que se falló en este objetivo.
La prioridad para el Gobierno es la recaptura y la identificación de los participantes en la evasión, pero igual de importante resulta garantizar que ningún otro interno se fugue. De manera inmediata deben revisarse los protocolos y sistemas de seguridad del Penal del Altiplano en el Estado de México, el de Puente Grande, Jalisco; el de Matamoros, Tamaulipas; el de Cuautla, Morelos; el de El Rincón, Nayarit; el de Villa Aldama, Veracruz, entre otros.
En 2014, cuando “El Chapo” fue detenido, su apariencia era la de un capo debilitado y en decadencia. Esto no fue así. Uno de los problemas fundamentales consistió en que la captura del líder de este grupo criminal no significó el desmantelamiento de su organización. En el principio y en el fin del túnel de más de kilometro y medio por el cual se escapó “El Chapo”, se encuentran la acción de una estructura criminal.
Además de la capacidad de la organización criminal de “El Chapo”, la fuga, por segunda ocasión, del líder del Cártel de Sinaloa, fue posible por el contubernio de autoridades del penal de máxima seguridad del Altiplano, ante lo cual debe realizarse el deslinde de responsabilidades y revisarse la permanencia de los titulares del sistema penitenciario y de encargados de la seguridad pública del Estado Mexicano.
Más allá de los nombres de funcionarios públicos, esta fuga debe provocar la revisión integral del sistema penitenciario y en sancionar a los servidores públicos de alto nivel responsables.
Por supuesto que debe darse la remoción de los servidores públicos responsables de las áreas que fallaron o fueron negligentes. La investigación de responsabilidades no puede limitarse en la detención de los custodios y la destitución burócratas. Se trata de una penetración institucional en los más altos niveles del sistema penitenciario y en las autoridades responsables de la seguridad pública. XXX Twitter @MBarbosaMX
