CNTE, “mirreyes”, crimen organizado…
Miguel Barbosa Huerta
Lamentablemente en México existe una sociedad de privilegios. ¿Qué significa esto? Se expresa en la presencia de grupos de individuos y sectores sociales que por diversas circunstancias, la mayoría de éstas por la cercanía con el poder y el dinero, gozan de privilegios a los que no tiene acceso la gran mayoría de la población.
Estos privilegios se expresan en impunidad, uno de los hechos que más detesta, y con razón, la población.
Después de dos siglos de ser una nación independiente, por la vía de los hechos y pese a la igualdad que establecen la Constitución y las leyes, la desigualdad en la distribución de los ingresos y ante la ley son dos signos distintivos de la sociedad mexicana en la primera década y media del Siglo XXI.
En lo referente a los privilegios derivados de la situación económica, el problema de México no se encuentra exclusivamente en la producción de riqueza. Si bien el crecimiento económico se ha estancado en las últimas dos administraciones y lo que va de ésta, el dato alarmante se encuentra en la concentración del ingreso.
La diferencia entre el estrato social más alto y los sectores ubicados en la base resulta abismal. Hablamos de un grupo de familias, o si se quiere de un grupo de empresarios, que aparecen en las listas de los hombres más ricos del mundo, mientras que al otro extremo de la cuerda existen comunidades enteras cuyos niveles de pobreza y miseria sólo pueden compararse con zonas de África o de naciones azotadas por las guerras o severos desastres naturales.
Resulta paradójico que la transición política, la llegada de la pluralidad a los poderes federales y locales, e inclusive la alternancia en la Presidencia de la República, tengan como contraparte la desigualdad social. En este sentido, la democracia tiene una enorme deuda con la justicia social.
Para algunos investigadores, en estos años, la clase media ha reaparecido, incluso se ha fortalecido. Llegan a esta conclusión porque un grupo amplio de personas y de familias tienen acceso, mediante el crédito, a una lista de artículos de consumo, como vehículos, pantallas planas y teléfonos móviles.
Para otros investigadores de los aspectos sociales, los datos sobre salud, educación y nutrición dan cuenta de la desaparición de los sectores medios de la sociedad. Un dato resulta contundente: más de la mitad de la población continúa viviendo en la pobreza.
En este contexto de polarización del ingreso, Ricardo Raphael ha identificado a un grupo social altamente privilegiado a los cuales denominó como los “mirreyes”: jóvenes pertenecientes a la élite económica o política con acceso a artículos de lujo, seguridad e impunidad ante la ley. El “mirrey” sustituye al “junior” de décadas pasadas.
Junto a estos personajes se encuentra una estructura social y económica que les da sustento y aliento. El llamado “mirreynato” marca una de las características de este nuevo tiempo mexicano, pero no es el único.
En el mismo aspecto económico existen grupos de poder económico, que por el capital de sus empresas y por la incidencia que tienen en la sociedad son prácticamente intocables y objeto de varios beneficios, entre estos, los fiscales.
En lo que corresponde a la aplicación de la ley, existen grupos cuya principal característica está en su poder de presión hacia el gobierno, por lo cual gozan de un conjunto de privilegios, entre éstos la impunidad.
Me refiero a organizaciones como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la cual desde hace décadas ha monopolizado la representación de la disidencia magisterial. En aras de la defensa educativa, esta organización afecta los derechos y patrimonio de ciudadanos y viola otros derechos fundamentales de la sociedad, como el de libre circulación.
Los integrantes de grupos como la CNTE son privilegiados porque su beligerancia los coloca fuera de la aplicación de la ley y el derecho.
Un nivel más de privilegios se encuentra entre la clase política. Una mala práctica consiste en que el ejercicio del poder público genera impunidad. Si bien en estos años la actuación y crítica a la clase política se realiza con gran intensidad en la palestra pública, a pesar de los avances en transparencia y rendición de cuentas, existen quienes se atrincheran en las zonas de opacidad y se resisten a la rendición de cuentas.
Finalmente, los integrantes del crimen organizado también son un grupo privilegiado, porque su poder económico, el número de integrantes y la violencia con la que actúan les permiten actuar con impunidad. De ninguna manera se intenta colocar en el mismo nivel a un “mirrey” o a un integrante de la CNTE que al de un integrante de un grupo delincuencial, pero por la vía de los hechos y para efectos prácticos se colocan por encima de la aplicación de la ley.
La desigualdad, los privilegios y la impunidad no deben terminar con la democracia, ni con los derechos y libertades hasta ahora conquistados por la sociedad.
¿Cuándo México será un país en donde se acaben los privilegios? La respuesta es sencilla, pero por desgracia de difícil ejecución: hasta que se cumpla la ley.
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República
@MBarbosaMX
