El senador Benjamín Robles Montoya propuso fincar responsabilidad penal y administrativa a los servidores públicos que retrasen la entrega de los recursos correspondientes a las aportaciones federales por parte de las dependencias y las entidades de la administración pública federal a los estados, los municipios y el Distrito Federal.
Mediante una iniciativa que busca adicionar un artículo a la Ley de Coordinación Fiscal para regular las anomalías que se presentan principalmente en la entrega de recursos en el Ramo 33, el representante por Oaxaca señaló que hacen faltan lineamientos específicos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que eviten el uso discrecional de los recursos.
“En la ley prevalecen términos muy subjetivos, que devienen en interpretaciones diversas y en un uso discrecional de los recursos”, mencionó.
Por ello, propuso establecer en dicha ley los candados necesarios en la operación de los fondos que integran el Ramo 33, con la finalidad de proporcionar a las entidades federativas y a los municipios un ejercicio eficiente que los apoye en la operación, manejo y aplicación de los recursos.
Robles Montoya señaló que algunas de las irregularidades detectadas en las aplicaciones de contribuciones son la publicación extemporánea del calendario de los recursos, la entrega a destiempo de los recursos del fondo y la falta de documentación comprobatoria.
Mencionó que la coordinación fiscal es la herramienta utilizada para la instrumentación de las relaciones fiscales y establece la participación que corresponda a las haciendas públicas de las entidades federativas en los ingresos federales.
Además de que norma las relaciones entre Federación, estados y municipios en materia fiscal, evitando con ello la concurrencia de facultades y organizando las de recaudación y administración.
Finalmente, Robles Montoya explicó que su iniciativa se concentra en el objetivo relativo a la distribución de las participaciones, que está concentrado en el Fondo General de Participaciones, el cual se integra del 20 por ciento del total de la recaudación de todos los impuestos federales.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y posterior dictamen.
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