Atender a las niñas, niños y adolescentes de México, es decir, al 37 por ciento de la población total, conforme a los lineamientos indicados en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), no debe estar circunscrita a la voluntad de las autoridades, sino proyectado como una política pública gubernamental con presupuesto etiquetado y con esquemas claros de medición de eficiencia, propuso la senadora Angélica de la Peña.
En el marco de la realización del “Conservatorio sobre Sistemas Nacionales de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia”, la legisladora señaló que es indispensable que la Secretaría de Hacienda establezca mecanismos de coordinación y colaboración con el Sistema DIF Nacional, los Congresos estatales y todas las instituciones que tienen obligaciones a partir de la aprobación de la nueva legislación, a fin de construir un presupuesto específico y suficiente con un enfoque trasversal de los derechos de la niñez.
La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos explicó que “en el Presupuesto de Egresos 2016 pueden lograrse ahorros significativos, una de las opciones es unificando programas duplicados, y estos ahorros podrían destinarse a que el DIF pueda poner en funcionamiento la Procuraduría de Protección a los Derechos de la Niñez, por ejemplo”.
Apuntó que en el Presupuesto podría crearse un Anexo 11, especializado en la política pública de los recursos etiquetados en materia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, “no sé si sea posible todavía hacerlo en el presupuesto 2016, pero me parece que si hay una voluntad política, puede comenzarse a trabajar, quizá no se concrete para el próximo año, pero sí en el siguiente”, agregó.
“Aunque la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos no es materia que competa al Senado de la República, por supuesto que participaremos en el debate con propuestas con el claro propósito de garantizar que la LGDNNA se aplique irrestrictamente; no podemos permitirnos tener una buena ley, armonizada no solamente la Convención sobre los Derechos de la Niñez, sino también retomando las recomendaciones del Comité sobre Derechos del Niño de Naciones Unidas, pero que niñas, niños y adolescentes no perciban sus beneficios porque el Poder Ejecutivo simplemente y llanamente no tiene los presupuestos necesarios para el funcionamiento de sus nuevas directrices”, concluyó la senadora Angélica de la Peña.
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