Necesario, sumar la voluntad política para cumplir con los pendientes y retos que aún existen en materia de derechos humanos: Angélica de la Peña


Discurso pronunciado por la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, durante la presentación del documento: “Avances y retos en la implementación de la reforma constitucional de derechos humanos”.

 

Angélica de la Peña Gómez: Buenas tardes, señoras  y señores, respetables señoras y señores del presídium.

 

Señoras y señores que nos acompañan.

 

Es el segundo año que la Suprema Corte de Justicia de la nación, el Gobierno federal, el Congreso de la Unión y hoy con la incorporación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, realizamos el diagnóstico de la implementación de la reforma del 11 de junio de 2011.

 

Reiteradamente escuchamos que esta reforma es un parteaguas en nuestro marco jurídico, que es el inicio de un camino anunciado lustros atrás y promulgado apenas hace poco más de 4 años y se aduce como un fenómeno, como un fomento, como una aportación, como un adelanto indiscutible a la vinculación del Estado Mexicano con el Derecho Internacional de los derechos humanos.

 

Muchas referencias ha tenido esta reforma de 11 artículos y la nueva denominación del capítulo primero del Titulo primero de nuestra Constitución. Por su trascendencia estructural y por su impacto en todos los derechos y garantías tanto individuales como sociales y colectivos, hoy a cuatro años de vigencia  aún hay pendientes que cumplir.

 

En este acto, si me lo permiten, hay que hablar con propiedad: cumplir con los tratados que hemos aprobado o aceptar las recomendaciones de los comités que hemos reconocido, no ha sido fácil, por muchas razones que hoy no da tiempo analizar, aunque estamos obligados a reconocer los impedimentos para cumplir con esta vinculación.

 

Lo que no podemos es dejar en el ambiente como una justificación para no tomar las medidas a las que estamos obligamos, que nos excedimos en la  aprobación de cada instrumento o que quienes nos observan lo hacen de mala fe o no aplicando los preceptos de los tratados de derechos humanos tanto del ámbito de la Organización de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos.

 

Todo parece indicar que siempre nos gana la coyuntura y las políticas estructurales a favor de los derechos humanos, no son, no constituyen  parte de la estrategia gubernamental que tiene que caracterizar a cada sexenio.

 

¿Es acaso el derecho romano inamovible?, ¿no deberíamos entonces discutir su reconstrucción para formar desde la educación superior a nuevos profesionistas?

 

¿Trascender de un sistema a otro es un asunto menor? ¿No deberíamos dejar de  alarmarnos sobre los costos de las acciones que derivan de su cumplimiento y valorar la pertinencia de las inversiones en el desarrollo humano, la reconstrucción del tejido social y, por supuesto, la reorganización de las Instituciones?

 

Acaso no debemos repensar en la refundación pactada de la política como forma para ponernos de acuerdo y volver al origen del fundamento de la aplicación de la ley de manera etimológica y hermenéutica?  El peso de las inercias le está costando más al país.

 

Su armonización enfrenta diversas interpretaciones que nos obliga a seguir construyendo los cimientos de estos preceptos constitucionales no exentos de obstáculos los cuales requerimos arrancar de raíz y un acicate importante es el cúmulo de leyes y normas que concebidos en el Estado de Derechos y más allá de simbolismos abstractos interpretativos, debemos, tendremos que cambiar.

 

No repito los avances legislativos, importantes reformas y el diseño de novedosa legislación que en este año legislativo hemos resuelto, ustedes tienen el documento para ver lo cada Poder ha hecho, y también lo que ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 

Señalo algunos de los pendientes y los retos que tendríamos que concretar a partir de sumar la voluntad política de quienes deciden; por ejemplo: requerimos una legislación que reconozca derechos iguales por diversa orientación sexual e identidad de género, en este tema no podemos seguir señalando que la materia está inscrita en el ámbito local sin que nosotros reconozcamos los avances que ahora ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

Debemos además concluir el proceso legislativo de las leyes reglamentarias de los Artículos 29 y 33, es verdad. También pensar en leyes que orienten a las Autoridades como aplicar el principio propersona y el bloque de convencionalidad y constitucionalidad en las políticas para asegurar el respeto y ejercicio de los derechos humanos sin discriminación por ninguna índole  y bajo ninguna circunstancia.

 

Es indispensable, revisar la ley de atención a víctimas, lo mismo del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos porque no es posible que las autoridades, particularmente las locales y municipales actúen con desapego a los preceptos de la Ley.

 

Hemos dado pasos importantes a favor de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, sin embargo es necesario lograr que ninguna instancia de poder y de decisión se quede rezagada en el reconocimiento y ejercicio irrestricto de la paridad.

 

Es indispensable impedir que se siga invocando usos y costumbres de los sistemas normativos en los pueblos indígenas y se siga  violentando la  Constitución y las mujeres indígenas no puedan participar en política.

 

Necesitamos dar el siguiente paso para lograr que los poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno estén conformados paritariamente por mujeres y hombres

 

Requerimos revisar que los organismos de derechos humanos a nivel local  logren real autonomía e independencia; requerimos revisar también la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 

Ahora que la constitución nos faculta al Congreso de la Unión a legislar en  materias contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y en desaparición forzada y entre particulares, es necesario invocar a los ilustres del Siglo XVIII t detestar la crueldad de la tortura en todas sus formas.

 

Ambas materias: la tortura y la desaparición forzada e involuntaria de personas van estrechamente de la mano, de manera que es indispensable armonizar los tratados en la materia en leyes generales que sean aplicables para todo el país.

 

Igualmente concretar las leyes nacionales en materia de justicia de adolescentes infractores y de ejecución de penas desde el enfoque de los artículos 1 y 18 Constitucionales.

 

El País está conformado con el 37 por ciento de personas que tienen menos de 18 años y la ley que aprobamos tiene, requiere, ser aplicada puntualmente.

 

Finalmente es necesario vindicar a las fuerzas armadas de nuestro país, su formación, no lo han dicho y nos lo han repetido, no es acorde a las tareas de seguridad pública que se les ha encomendado desde el sexenio de Felipe Calderón.

Es necesario que vuelvan a los cuarteles y las autoridades civiles asuman su responsabilidad frente a la persecución de la delincuencia y la certidumbre de seguridad pública que deben dar a la población.

 

El mayor obstáculo para los  derechos humanos es que seguimos guiados por costumbres atroces como lo señalaría Voltaire en el Siglo XVIII.

 

Los derechos humanos son también indelebles y requerimos contextualizarlos  por supuesto desde la empatía y la afinidad a partir de que todas las personas formamos parte de una misma familia, todos y todas  somos responsables, y quienes detentamos el poder además tenemos una obligación irrestricta de rendir cuentas, de tener una organización cercana con las organizaciones de la sociedad civil, porque sin ellas simplemente no vamos a poder gobernar. Rendir cuentas para que cumplamos con nuestra obligación a la Nación.

 

Señoras y señores, tenemos mucho trabajo.

 

Muchas gracias por su atención.

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