Discurso pronunciado por el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, durante la presentación del libro “México: Anatomía de la Corrupción” de María Amparo Casar.
Alejandro Encinas, Rodríguez. (AER): Muchas gracias, senadora Cristina Díaz.
María Amparo, también me da mucho gusto encontrarnos el día de hoy, hacía rato que no coincidíamos en un evento de naturaleza pública y también política. Bienvenida aquí, al Senado de la República.
Yo creo que este estudio de la anatomía de la corrupción en México va a ser de una gran utilidad o justamente en el marco del proceso legislativo que estamos llevando a cabo para hacer toda la legislación secundaria en materia de generar y consolidar un sistema nacional anticorrupción que sea eficaz.
Y efectivamente este estudio nos arroja muchas luces sobre el problema, pero también hay algunas otras partes oscuras que creo que nosotros tenemos que profundizar.
Y si bien el punto de partida es que para poder resolver este problema, hay que reconocerlo, hay que localizarlo, medirlo en su extensión, identificar sus causas, encontrar los mecanismos de operación, exhibir sus efectos y retomar las experiencias exitosas, yo creo que tenemos que partir, en primer lugar, de lo que señalaste al principio:
La corrupción es un problema global, efectivamente, pero no puede disociarse de la impunidad. Es más, estoy convencido que la principal fuente de la que abreva el problema de la corrupción en nuestro país es la impunidad, en donde uno de los factores o debilidades institucionales más severas dentro de nuestro régimen político.
Y asumiendo que la corrupción, además de global es un problema multifactorial, transversal y que no solamente atañe la esfera de lo público, sino también de lo privado, ya que se ha creado una cultura institucional y social que permite tolerar las prácticas de corrupción en el desempeño de la función pública o incluso en la vida cotidiana de los mexicanos, aunque –como bien lo planteas en el estudio— los mexicanos no nos sentimos corruptos, ya que el 76 por ciento de los mexicanos considera que nunca o muy pocas veces se ve involucrado algún familiar en actos de corrupción.
Incluso confía en los vecinos, el 70 por ciento considera que nunca o poco frecuentemente se involucran los vecinos y hay más sospecha sobre los compañeros de trabajo, sobre todo cuando la relación es muy positiva en opción de que la causa fundamental no está en la sociedad, a pesar de los 4 millones de actos de corrupción, a los que ya te referiste, presentador por el INEGI, y en todos casos, la mayor parte de los casos, los ciudadanos culpan o culpamos al gobierno de ser el principal responsable de la corrupción en el país.,
El 88 por ciento de los ciudadanos consideran que la corrupción se convierte frecuentemente o muy frecuentemente por parte del gobierno, 64 por ciento por los empresarios, cosa que es muy interesante, que es un factor que ha venido cambiando en nuestra sociedad, y me llama mucho la atención el dato que el 62 por ciento inculpa o recrimina las causas de la corrupción a los medios de comunicación.
Ahí se los dejo a los medios, para ver si encuentran ellos una respuesta. No me voy a pelear con ellos el día de hoy.
Pero lo cierto es que para poder enfrentar esos problemas, hay que atacar los asuntos de la impunidad en nuestro país, porque hay –como tú lo señalas— una insatisfacción con la democracia, solamente el 37 por ciento de los mexicanos confían en la democracia.
Quienes no confían o tienen poca confianza ya representan el 63 por ciento de los habitantes de nuestro país y evidentemente la crisis de representación tiene que ver particularmente con los partidos políticos, con los legisladores, con las instituciones del sistema judicial y bueno, es obvio que no confían en los partidos más mexicanos que los que no confían en la policía, que es de los datos que debemos profundizar.
Pero mucho de eso está íntimamente ligado al asunto de la impunidad y viene en el estudio: de 444 denuncias presentadas ante la Auditoría Superior de la Federación, solamente 7 fueron consignadas. El 1.5 por ciento de las denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación que fueron consignadas, en 8 no se ejerció ninguna acción penal.
El trámite se encuentra en 421 y la verdad es que efectivamente es obvio que en el ámbito de la función pública este es un indicador de impunidad profundo.
Igual en materia de impartición de justicia: de 33 millones de delitos cometidos, viene el dato en el estudio, solamente son denunciados un millón 681 mil, con una cifra negra del 95 por ciento de los delitos cometidos y sólo se castigan de un millón 681 mil delitos denunciados, el 6.5 por ciento; 108 mil de un millón 681 mil, lo que nos da un porcentaje de 99 por ciento de impunidad en la comisión de delitos en el país.
Y no solamente en el ámbito de los delitos menores. Aquí me llama mucho la atención cómo en donde han prosperado más las denuncias y son sancionadas, pues son los delitos de propiedad intelectual, que están vinculados con los sectores de mayores recursos que tienen para llevar adelante un proceso.
Y los que menos porcentaje tienen de averiguaciones previas, que acaban con ingreso a la cárcel, son los delitos cometidos por servidores públicos, el 2 por ciento, por los cometidos por la delincuencia organizada, el 10 por ciento, y los cometidos por secuestro, que es el 11 por ciento.
Ahí hay un concepto de migración que no me gusta y creo que no debe marcarse como un delito la migración, porque la migración no es un delito.
Nada más fue un comentario, pero evidentemente aquí de manera muy nítida se nos demuestra cómo hay una impunidad, no solamente en datos de la Auditoría Superior de la Federación, donde solamente 7 de 444 denuncias han sido consignadas, sino solamente el 2 por ciento de los delitos cometidos por servidores públicos son sancionados.
Y hay un dato muy duro en el estudio, que es la comparación de los procesos seguidos contra gobernadores que han sido denunciados en nuestro país, respecto a los que fueron denunciados en los Estados Unidos, en donde en México se acusó a 41 gobernadores, se investigaron solamente 16 casos y se detuvieron a 4. Mientras en Estados Unidos se acusó a 9 gobernadores, se investigaron los 9 casos, y los 9 casos fueron detenidos.
No nos vayamos a hacer una apología de los Estados Unidos, pero sí es lamentable que de 41 casos de denuncias a gobernadores, se hayan detenido o no, solamente se investigaron 16, no hubo ni siquiera la voluntad de hacer una investigación al respecto.
Es muy interesante el análisis que se hace en el estudio de los costos sociales en materia de bienestar, el impacto en el ingreso de las familias, es de 14 por ciento de pagos extraoficiales, en un país donde el 33 por ciento de sus habitantes percibe el salario mínimo como su ingreso básico.
Y al mismo tiempo son datos muy interesantes del nivel que ocupamos en la percepción de la corrupción en el ámbito internacional, pero yo quisiera referirme básicamente a dos cuestiones finalmente: uno el asunto de la extensión, respecto a la percepción de la corrupción, en donde ya la gente lo tiene muy claro, es un problema serio, es un problema que representa el 93 por ciento de los ciudadanos, con una frecuencia del 88 por ciento y donde se considera que en los últimos dos años la corrupción incrementó mucho o poco, en 71 por ciento.
Yo creo que no solamente no vamos en la ruta de resolver el problema en términos, no de la percepción social sino también de la acción institucional, sino que también se han venido dilapidando muchos de los recursos.
Y un dato que también llama mucho la atención es cómo el 44 por ciento de las empresas en México reconoció haber pagado un soborno. Que no es un asunto menor el reconocimiento y que no tiene que ver con el porcentaje que implica el 96 por ciento de las causas por las cuales las empresas dicen que incurrieron en el pago de un soborno, como es: agilizar trámites, obtener licencias o impedir un abuso de autoridad, sino cómo el 27 por ciento reconoce que fueron sobornos fundamentalmente para ganar contratos ganar licitaciones públicas, que es donde está el negocio fundamental.
El 27 por ciento de los sobornos están orientados particularmente en los contratos de obras públicas la adquisición de servicios a la obtención de la concesión de servicios presentados por el Estado, que son de las líneas que evidentemente tenemos que concentrarnos de cara a la legislación.
Y, particularmente, cómo se asocia este asunto de los contratos y licitaciones a que el 41 por ciento de los sobornos son fundamentalmente instituciones federales y agencias públicas, y las agencias públicas son las que otorgan las concesiones fundamentalmente o lo que son las inversiones en materia de infraestructura pública más importantes.
Yo no digo que hay que combatir todos los aspectos y todos los eslabones de la cadena de la corrupción, pero evidentemente habrá que hacerlo con mucha puntualidad y buscando eficacia, porque ya se demostró, como decías tú, desde la formación de la Secretaría de la Contraloría que no necesariamente a mayores recursos para el combate a la corrupción hay buenos resultados.
Esta gráfica es muy interesante, porque hay una relación directamente contrapuesta y ante el incremento de los recursos para combatir la corrupción y cómo recaemos en la percepción pública.
Entonces, en conclusión, y retomando las propuestas. Yo creo que efectivamente ahora que estamos ya en la fase de elaboración de –¿son cuántas?– 25 leyes que se tienen que modificar, aunque decimos la ley madre es la ley general del Sistema Nacional Anticorrupción, por supuesto que vamos a convocar, aquí hay un acompañamiento de la sociedad civil en la elección de las leyes secundarias.
Ayer tuvimos una reunión este Grupo de Trabajo y por supuesto que habrá una apertura, como lo hemos hecho en las leyes de transparencia y acceso a la información y la protección de datos personales, para que podamos llegar con una iniciativa prácticamente plural, consensada y con el aval de la sociedad civil, lo más posible, hasta donde podamos llegar.
Por supuesto que en la homologación de códigos penales para delitos de la corrupción no hay que esperar a que lo homologuen los estados. Yo creo que habrán disposiciones que se establecerán tanto en la ley general, en la ley de responsabilidades, en el Código Penal, que obligarán a que se establezcan o que tipifiquen este tipo de delitos, aunque también estamos ya en la discusión de un código general de procedimientos penales que establecería sanciones que serían mínimas en los códigos penales de los estados.
En el ámbito a nivel municipal, ese uso de herramientas digitales para reducir la discrecionalidad y trámites en ventanilla, pues ojalá tuvieran los municipios, la mayor parte de ellos recursos para poder comprar las herramientas digitales, pero habrá que diferenciar a los municipios para que aquellos que tienen la capacidad lo puedan desarrollar y lo fundamental va a ser esta idea de la persecución de oficio para los delitos de corrupción. Creo que es uno de los temas.
Si queremos atacar realmente el tema de la impunidad, la autoridad tiene que actuar, pero también hay que actuar contra las autoridades responsables de la persecución el delito, porque, ¿quién investiga o quién fiscaliza a los investigadores? Y el nivel de discrecionalidad que se demuestra en la Auditoría Superior de la Federación y en la Procuraduría General de la República no existe. Necesitamos crear instrumentos de control político y parlamentario sobre estos organismos.
Lo debe ejercer la Cámara de Diputados sobre la Auditoría Superior de la Federación, pero tiene que ser el Congreso sobre los órganos de control de la administración pública.
Hay una que me preocupa de las propuestas nada más, lo de prohibir uso de dinero en efectivo en actividades gubernamentales, no en todas, particularmente en lo que es el pago de impuestos a causantes menores, que no se les puede hacer ni un cheque ni una transacción digital, etcétera, habrá que ubicar los rangos y las áreas donde este tipo de prácticas puedan establecerse.
Va a ser de mucha utilidad y muchas gracias por la presentación el día de hoy.
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