Necesario, respetar plazos fijados para garantizar implementación de Ley general de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en todo el país: Angélica de la Peña


Conferencia de prensa ofrecida por la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD para referirse al informe presentado por el Estado mexicano ante Naciones Unidas respecto a la niñez.

 

Angélica de la Peña Gómez, (APG): Bien, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia.

 

Lo que hoy motiva mi conferencia tiene que ver con  la presentación de su cuarto, quinto informe del Estado mexicano ante el Comité de Derechos de la Niñez, que en días pasados fue presentado ante este Comité en Ginebra.

 

Los medios de comunicación han dado nota puntual de la presentación de este informe por parte del gobierno mexicano, y además de algunos asuntos que se hicieron públicos respecto de los pendientes y de algunos temas que era necesario que el gobierno mexicano contestara de manera más precisa a quienes integran este Comité y que, quiero destacar, tiene una gran relevancia porque es el Comité de Naciones Unidas encargado de revisar la implementación de la Convención sobre los Derechos de la Niñez en el mundo, con los países, prácticamente todos los países del mundo.

 

Yo recuerdo, nada más para tenerlo presente, que solamente Estados Unidos es el único país que falta para aprobar la Convención de los Derechos de la Niñez, y por lo tanto estamos ante un tratado internacional de una gran universalidad.

 

Y este Comité encargado de revisar los informes de los gobiernos, de cuidar cada una de sus recomendaciones para que se implemente debidamente la Convención sobre Derechos de la Niñez, en esta reunión hubo una serie de cuestiones que es muy importante hoy refrendar.

 

Primero, tener una información oficial formal por parte de la autoridad, tiene que ver por lo tanto con una solicitud expresa en un punto de acuerdo que estoy presentando a la Comisión Permanente, donde estoy solicitando esta información formal oficial, por parte del gobierno mexicano.

 

Segundo lugar, la importancia respecto de la implementación de la ley con presupuestos, como ya lo aprobamos en el Senado de la República; necesitamos poner en funcionamiento la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que aprobamos en el Congreso de la Unión, y de manera particular el Senado de la República, ustedes recordaran 6 comisiones trabajamos en el iniciativa preferente que el Presidente envió con esta materia, y entonces es muy importante que se implemente esta nueva ley y por lo tanto es necesario que se nos informa cómo va esa implementación en el Presupuesto de Egresos con la asignación del Presupuesto de Egresos para que esta ley no quede solamente como una ley escrita, sino que esté respaldad por política públicas plausibles, como lo señala la ley.

 

Y por supuesto también conocer cómo van los procesos en los Congresos locales; es muy importante que los Congresos Locales establezcan el sistema estatal para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, igual es importante conocer cómo va la implementación del Sistema Nacional. Estos están contenidos en el punto de acuerdo.

 

Quiero solamente mencionar de manera muy rápida cuál sería la ruta crítica que nos permita garantizar, en función de los transitorios de esta ley, el proceso para que esta ley sea debidamente articulada en todo el país.

 

Ya estamos retrasados, desfasados, respecto de las modificaciones que tendríamos que estar implementando en el Congreso de la Unión y en las legislaturas locales para resolver todas aquellas reformas que contravienen con la nueva ley y que dimos 180 días naturales y, el 2 de junio pasado, el 2 de junio próximo sería la fecha límite para lograr el cumplimiento de este transitorio.

 

El otros transitorio importante que tiene que ver con el reglamento de la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que también dimos el mismo plazo de 180 días, le corresponde al Ejecutivo Federal la implementación, el diseño y aprobación, publicación en el Diario Oficial de la Federación de este reglamento, y también sería la fecha límite el 2 de junio de este año.

 

También, en el caso de la instalación del Sistema Nacional de Protección Integral, también tiene que estar como límite el 2 de junio debidamente instalado.

 

Quiero señalar que el caso de las adecuaciones a los centros de asistencia que ya se encuentren operando, también deben concluir la revisión de cómo está funcionando los centros de atención también el 2 de junio.

 

Esto quiere decir que, sobre todo de manera particular, destaco el caso de los centros de asistencia que tendrían que estar operando, pues no van a operar, ni van a cambiar donde tengan que cambiarse para que tengan condiciones dignas si no hay presupuesto.

 

Al DIF Nacional tenemos que apoyarle con presupuestos etiquetados que vayan dirigidos justamente a lograr que estos centros de asistencia estén operando debidamente, entonces, esto es una obligación de ley y tendríamos que estar ya viéndolo.

 

Me parece muy importante destacar que los sistemas de protección local y municipal, en el ámbito local y municipal, tienen como fecha límite el 3 de septiembre.

 

La implementación de ese transitorio de la ley no podría lograrse si antes no se tiene la legislación correspondiente en el ámbito de las 32 entidades federativas y por supuesto de las reformas que tengan que emprenderse a las leyes que sean necesarias.

 

Porque constituir un sistema estatal de protección solamente se lograría a partir del momento de una implementación de una ley especial.

 

Y el 15 de noviembre sería la fecha límite para que ya esté funcionando la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

 

Quiero recordar que es una de las figuras importantes que pusimos en la ley, nos parece muy importante que la Procuraduría empiece a tomar función en el DIF Nacional y ojala pronto tengamos las noticias de que ya tenemos quien esté al frente de esta Procuraduría.

 

Obviamente, se necesita que se defina un estatuto orgánico del DIF Nacional entre otras cuestiones par que también contengan cuáles son las atribuciones que debe tener esta Procuraduría. Cuáles son las actividades que tienen que realizar, sus obligaciones y facultades  para que pueda entrar en funcionamiento a partir de lo que estamos obligándole desde la ley.

 

Bueno de manera muy general,  estos serían los preceptos que están integrados en los estatutos, perdón en los transitorios de la ley, y que yo creo que con toda razón y mostraron su preocupación quienes integran el Comité de Derechos de la Niñez de las Naciones Unidas al ver que estos preceptos todavía no se concretan en políticas y acciones gubernamentales.

 

Vamos a estar pendientes del trámite de este punto de acuerdo para que no solamente se dictamine sino para que las autoridades puedan informarnos con toda pertinencia qué es lo que están haciendo para la implementación de la ley.

 

Creo que es necesario recordar que todos los cuestionamientos que se hicieron por parte de organizaciones no gubernamentales coinciden con la preocupación de quienes integran el comité sobre los derechos de la niñez.

 

Ojalá que el gobierno mexicano haya respondido de manera pertinente como se lo pidieron, y sobretodo reconociendo donde todavía hay dificultades, donde hay serios problemas de implementación de esta ley, pero sobretodo con fechas específicas que permitan asegurar que van a cumplirse debidamente, insisto, todas las políticas, planes de trabajo que puedan poner en funcionamiento a esta ley.

 

¿Vamos a tener preguntas?

 

Sesión de preguntas y respuestas

 

Pregunta, (P): ¿Tiene un estimado del presupuesto necesario para echar a andar esta ley? ¿Cuántos niños se verían afectados si se retrasa? ¿Qué tipos de trabajo realizará la Procuraduría que mencionó?

 

APG: Bueno se ocupa un presupuesto, no sé exactamente la cantidad, las autoridades en este caso del DIF nacional nos tienen que decir cuánto necesitan para adecuar en condiciones de dignidad, por ejemplo, todos los albergues donde hay niñas y niños en situación de migración; eso equivale a que nos digan si es necesario ampliar o construir otros albergues para que las niñas y los niños no estén hacinados, pero además hay que recordar que la Ley General establece que cuando estén acompañados de una persona adulta no deben ser separados de ella, por lo que estas adecuaciones deben tomar previsión de que las personas adultas estén cerca de estas niñas y niños.

 

¿Cuánto se ocupa? Me parece que todo va a estar en función de las necesidades particulares que se tengan en cada uno de estos centros; obviamente no es lo mismo la situación de los albergues que están en el norte del país, en la frontera, donde además hay niños que son repatriados, son deportados, y entonces, hay que tomar mucha previsión para que esas niñas y niños no estén en situación de calle en la frontera porque allí corren muchos riesgos de que sean violentados sus derechos de diversas formas, incluso ser cooptados, ser llevados a situaciones que ponen en riesgo su vida; entonces me parece que sí es importante tomar consideración de eso.

 

Y en el caso del sur, pues la condiciones serían distintas en el sentido de tomar previsión de cuántos son los niños y niñas que eventualmente quieren entrar el país, y sobre todo, llamar la atención y atender a los niños que están en situación de que están viajando solos también frente al mismo problema.

 

El funcionamiento de la Procuraduría, es una nueva instancia que tendría que estar funcionando, entonces, cuánto necesita el DIF nacional para poner en funcionamiento esta nueva Procuraduría tomando en cuenta que tiene que realizar una serie de cuestiones importantes que también están inscritas en la ley; destacó una muy importante, que hay ocasiones en que esta Procuraduría tiene que tener la personalidad jurídica para atender, para conducir a niñas y niños en situaciones en donde sean requeridos, cuando hay una afectación a sus derechos, entonces, eso nos llama la atención de que la Procuraduría debe tener un ámbito de abogadas y abogados especialistas para poder atender eventualmente la atención de niñas y niños, además de trabajo social.

 

Entonces, otro tema que es muy importante, que también requiere de recursos, es el Censo Nacional de manera objetiva que tiene que levantarse en todo el país de cada uno de los centros de atención de niñas y niños, ¿qué son estos centros de atención? Hospicios, casas de medio camino, albergues, todos estos lugares que están trabajando o funcionando o desde el ámbito privado, de la iniciativa privada, o desde el ámbito gubernamental, tiene que levantarse el censo para saber con toda precisión cuántos son, con toda precisión qué características tiene cada uno de estos centros de atención y cuáles serían las situaciones de observancia, esto quiere decir que no cualquier persona puede levantar ese censo, porque hay que diseñar de manera metodológica el protocolo para el levantamiento de estos centros de atención, que nos ubiquen con toda precisión si están fundados en ley o no y en cuál ley, una ley nacional o una ley estatal, con permiso o sin permiso, de quién es el permiso, cuál es la característica, qué tipo de atención tienen  esos niños, son niños en situación de calle, son niños en situación de orfandad, son albergues que tienen a niñas y niños hijos de madres que están en situación de reclusión, es decir, tenemos que saber con toda pertinencia cuáles son, y eso equivale a que el DIF nos diga cuánto dinero ocupa.

 

P: ¿Qué perfil buscaría para el Procurador de la Infancia? ¿Va a ser una entidad autónoma o va supeditada a los lineamientos del DIF?

 

APG: En el caso de la Procuraduría Nacional queda bajo la tutela del DIF nacional, en la ley definimos que cada sistema local puede optar o por integrar a esta Procuraduría en el ámbito los DIF locales o en algún otro ámbito, inclusive las Fiscalías o Procuradurías; pero en el caso de la Procuraduría nacional no, queda integrada al DIF nacional y el perfil es que sea preferentemente licenciada o licenciado en derecho y que además tenga la especialidad en sobre los derechos de niñas y niños, es decir, que tenga el conocimiento de cuáles son los derechos humanos de niñas y niños y de manera profesional que tenga una experiencia en la defensa de los derechos humanos de la niñez.

 

Me parece que esos principios sustentados como requisitos en la ley nos permiten que quien esté al frente de esta Procuraduría sea una persona especializada en los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

 

P: ¿Este Comité de las Naciones Unidas, cómo y a quién le manifestaron su preocupación y cuán fue esto? Usted nos habla de unas leyes en las que estamos un poco atrasados en la complementación de reformas que contravienen a esta ley ¿cuáles serían aproximadamente? de haberse implementado ya esta ley, los niños afectados por la violencia en México con qué estarían contando ya, por ejemplo, estos niños en riesgo, lo que pasó en Chihuahua, de haberse implementado ya esta ley, ¿cómo se habría actuado?

 

APG: Empiezo por la última, el caso de la violencia contra niñas y niños tiene diferentes facetas, el caso concreto que usted menciona por desgracia involucra solamente a menores de edad, no sabemos si hay alguna aquiescencia o hay alguna permisividad, pero es obvio porque son personas menores de edad, de que están frente a situaciones que tendrían que analizarse y seguramente ya están tomándolas en consideración los jueces del sistema de justicia para adolescentes infractores del estado de Chihuahua.

 

Yo le quiero mencionar que una de las leyes importantes de los estados que tienen avances que son importante reconocer es la ley del estado de Chihuahua, no todos los estados tienen buenas leyes para la justicia para adolescentes infractores; el caso de Chihuahua tiene un sistema importante que está implementado los nuevos preceptos derivados del 18 constitucional.

 

¿Qué es lo que pasa con ese hecho? Puesto que se trata de personas menores de edad, en el caso de personas de 15 años ellos ya están en un proceso de internamiento, hay un proceso judicial que están en curso, insisto, aplicando la ley local, pero además también tomando consideración como dice la Constitución en su artículo 18, quienes son menores de 14 años y mayores de 12 años, que es el caso de dos personas de 13 años, no podrían estar privados de su libertad aún cuando cometan delito grave, lo que están ahora es en un tratamiento, están bajo el resguardo del DIF, para que el juez finalmente determine qué es lo que va a acontecer con esas dos personas de entre 13 años.

 

Y en el caso de quien es menor de 12 años tendría una característica distinta, no es objeto del sistema de justicia para adolescentes infractores, pero tendría que pasar por un tratamiento integral por parte de la autoridad del DIF en el estado de Chihuahua; cuando yo digo integral, estoy mencionando que tiene que verse de manera particular las familias, en entorno familiar y social en donde se desenvuelven estos cinco menores de edad.

 

No podemos de ninguna manera estar tratándolos como si fueran adultos, pero estamos frente a un caso terrible en donde hay un asesinato de una persona menor, de seis años, y este tipo de hechos por supuesto no ha conmocionado a toda a la sociedad mexicana, pero sobre todo nos debe llamar la atención a que debemos cuidar que la reconstrucción de tejido social tome consideración de manera importante, y yo diría, de manera fundamental y esencial la educación e las niñas y los niños siempre en su relación con los demás.

 

Estamos frente a un caso terrible en donde solamente cuatro personas son acreedores a ser considerados, por ser mayores de 12 años, del sistema de justicia para adolescentes y yo estoy muy atenta a cómo están llevando el proceso los jueces de este sistema.

 

Obviamente, insisto, la reconstrucción del tejido social es básico para las niñas y los niños no caigan en este tipo de hechos; ¿qué es lo que llevó a ahora a matar  a este niño? Pues hemos sabidos muchas historias de ellos, entonces, uno puede entender desde acá, hay que buscar con mayor precisión la información, estudiarla con mucha más pertinencia, pero esto no salió de improviso, no fue algo que se suscitó de manera espontánea; hay una situación en la que vieron involucrados, inmiscuidos, que tenemos que analizar de manera puntual en el entorno social donde se desenvuelven estas personas.

 

En el caso de las reformas que usted me pregunta, por ejemplo, necesitaríamos estar revisando la Ley de Asistencia Social, le Ley General de Salud, desde mi punto de vista que hacemos de la ley es que el Sistema Nacional del DIF tendría que estar fuera, no estar integrada ya al Sistema Nacional de Salud sino darle al Sistema Nacional del DIF el estatus de un organismo descentralizado para que pueda lograr atender todas las tareas que derivan dela Ley , que son más allá del ámbito de la salud.

 

Como usted sabe ahora el DIF nacional forma parte del Sistema Nacional de Salud, junto con el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud, y entonces esa es una faceta más que se tiene que hacer a favor de los derechos de la niñez; pero existen otras más, entonces, el trabajo que tiene ahora el DIF nacional junto con las demás instituciones es trabajar de manera integral todas las materias, porque la respuesta –insisto- tiene que ser de manera integral para prevenir entre otras cuestiones casos como el de Chihuahua, por eso quise responderle primero la tercera pregunta porque de alguna manera está ligada.

 

Ahora, si me pregunta yo creo que es momento de poner en la palestra de discusión derogar conceptos como el rapto, que todavía sigue prevaleciendo en muchos de los códigos penales de nuestro país; o el estupro, porque nos parece que son perniciosos para los derechos de las niñas y las adolescentes. Hemos definido en la ley que se prohíba el matrimonio en personas menores de 18 años de edad, a ver, cómo se traduce eso, no solamente en reformas en códigos civiles y familiares del país sino también en políticas públicas, me parece que esa es una reforma importantísima que también tendríamos que estar emprendiendo.

 

Y por supuesto, articular las distintas instituciones que tienen que ver con los derechos de la niñez para asegurar que cada uno de los preceptos que establecimos se cumplan, y sólo por mencionarle, además de asistencia social, desarrollo social, salud, pero también educación, también atención a niñas y niños de los pueblos indígenas y, por supuesto, así seguir con todas las materias refrendadas en la discusión que tendría que estarse dando desde el ámbito gubernamental.

 

Eso fue lo que señaló, por cierto, el Comité de los Derechos de la Niñez, a ver, tienen una ley , tienen recomendaciones de las anteriores, tres recomendaciones que se vienen arrastrando por el país y no se ha contestado de manera pertinente; lo que ahora preguntaron las expertas y expertos dela Comité de los Derechos de la Niñez de Naciones Unidas, precisamente fue eso, qué es lo que no ha hecho el Estado, porque quienes fueron fueron autoridades del DIF y de Relaciones Exteriores, pero acompañadas con otra autoridades, pero la responsabilidad es del Estado mexicano; cuando usted me pregunta qué autoridad es la que tiene que responderle al Comité de los Derechos de la Niñez de todo lo que falta para cumplir con la Convención sobre los Derechos de la Niñez, yo le diría son todas, esta es una responsabilidad del estado mexicano y quien fue a dar el informe fue el Estado mexicanos y quien está responsabilizado de atender todas las recomendaciones es el Estado mexicano, incluyéndonos por cierto también al Congreso de la Unión.

 

Por eso necesitamos revisar las reformas que nos hacen falta, ya hay algunas iniciativas, yo incluso acabó de presentar algunas a la Ley General de Salud y a la Ley de Asistencia Social, faltan otras; sé que la Comisión de Educación está trabajando unas, tenemos que trabajar otras más y coadyuvar hacia los Congresos locales para que hagan lo propio.

 

Muchas gracias.

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