Aun mes de las elecciones de este año, el Instituto Nacional Electoral (INE) debe dar opiniones firmes sobre el desarrollo del proceso federal y en las entidades.
La inercia, el simple transcurrir de los acontecimientos, no puede ser la característica de este proceso, en el cual, dicho sea de paso, se pone a prueba un nuevo marco legal.
El INE es el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales y, en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las elecciones locales en los estados de la República y el Distrito Federal.
En la escala de jerarquía, el INE es la autoridad nacional en materia electoral y su Consejo General, el cuerpo colegido responsable de las decisiones que garanticen comicios de acuerdo con los principios rectores de nuestra democracia, como son la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la máxima publicidad y la objetividad. Se trata de una alta responsabilidad dada la historia electoral mexicana.
El Estado mexicano confió al INE la organización de los procesos electorales en el marco de una reforma constitucional y legal en esta materia, que se pondrá a prueba el próximo 7 de junio.
Renovación de la Cámara de Diputados, elección de nueve gubernaturas, 17 entidades en elección, una lista nominal de 82 millones de posibles electores; campañas a mitad del camino, guerra de encuestas y ataques entre candidatos. Hasta aquí circunstancias que forman parte del frenesí de cada proceso comicial.
A esta dinámica deben agregarse los hechos de violencia desatados por el crimen organizado en entidades como Tamaulipas, Jalisco, Colima y Guanajuato, o manifestaciones de descontento social por demandas no resueltas, como en Guerrero; son factores que inciden en el contexto rumbo al próximo 7 de junio.
Todas las instituciones del Estado mexicano apoyamos al INE, pero demandamos de su Consejo General el mayor de sus esfuerzos para que lo que resta del proceso se desarrolle en condiciones de normalidad.
Queremos un INE que exprese con firmeza a la opinión pública, a la ciudadanía, su convicción de que se realizarán elecciones en todo el territorio nacional, porque esta determinación de la autoridad competente es la que permitirá a las otras instituciones construir las condiciones para que esto ocurra.
El INE, como autoridad electoral nacional, debe dar sus opiniones sobre el estado de cosas y las circunstancias que ocurren en los procesos de los estados y en su caso aplicar las sanciones correspondientes.
Todos deseamos que la jornada electoral del próximo mes se desarrolle con normalidad y que los resultados de esta y las posibles impugnaciones se realicen de acuerdo con los cauces y formas que la propia normatividad establece.
Todos deseamos que nuestra democracia avance un peldaño más hacia su consolidación, que las elecciones, efectivamente, sean una fiesta de la ciudadanía con candidatos que emocionen y propuestas que convenzan al electorado.
Para que esto ocurra así, cada institución, órgano y personaje involucrado debe cumplir con sus responsabilidades: los partidos, los candidatos, los ciudadanos y las autoridades electorales.
Del INE esperamos eso, que cumpla con sus funciones y que exprese con claridad sus opiniones para salvaguardar el desarrollo y resultado de este y de futuros procesos electorales.
La credibilidad de na institución y de sus titulares se demuestra con hechos. El INE tiene todo nuestro apoyo, pero también toda la responsabilidad.
