La reforma constitucional en materia de desaparición forzada y tortura permitirá dar un paso definitivo en la protección de los derechos humanos y responde a las recomendaciones hechas por organismos internacionales en estas materias, señalaron senadores del Grupo Parlamentario del PRD.
El dictamen que reforma el artículo 73 de la Constitución Política en materia de desaparición forzada y tortura es una oportunidad para poder legislar acerca de desplazamiento interno, afirmó el senador Zoé Robledo.
Al presentar su voto a favor del dictamen, el legislador pidió que se incluya en la exposición de motivos al desplazamiento interno ya que éste representa una forma de privación de la libertad.
“Estoy convencido que todos tenemos derecho a la libertad y los desplazados en México hoy no son personas libres”, lamentó Robledo.
El representante por el estado de Chiapas afirmó que las modificaciones al artículo 73 Constitucional permitirán darle un reconocimiento en una dimensión judicial a la problemática de desplazamiento forzado por lo que podrá ser un tema atendido por el Estado.
A su vez, el senador Isidro Pedraza Chávez sostuvo que desde la posición de izquierda siempre se ha demandado la protección de los derechos humanos de los mexicanos por lo que celebró que en el Senado se legisle para intentar cubrir los grandes vacíos y señalamientos que hicieron los observadores internacionales en materia de desaparición forzada.
Afirmó que el tema de la desaparición forzada tiene que ver con ir satisfaciendo las demandas que derivan de la lucha social, la cual se ha tratado de criminalizar bajo el falso argumento de que se trata de una cuestión de derechos humanos.
“En este país no se castiga a los torturadores y esta parte es ahora la que tratamos de resolver sobre la base de establecer una legislación que nos permita cubrir lagunas y aplicar castigos a los que se han conducido con impunidad”, dijo.
Pedraza Chávez consideró que todavía hay una deuda pendiente y crímenes que hay que esclarecer, y estos hechos han generado condiciones para actualizar el marco normativo y terminar con la simulación que existe en el país.
Por su parte, la senadora Lorena Cuéllar Cisneros confió en que la reforma contribuya sustancialmente a esclarecer y conocer la verdad jurídica de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y sancionar a los responsables.
“Estamos ante un tema que muchos sectores de la sociedad están esperando y que es clave en el fortalecimiento de la democracia en nuestro país”, mencionó.
Recordó que en el Examen Periódico Universal que hace México ante la ONU, se hicieron 188 recomendaciones al país en materia de combate a la tortura y la desaparición forzada.
Y aseguró que con este dictamen se da respuesta a esas recomendaciones al asumir el Estado su responsabilidad en materia de desapariciones forzadas; no obstante, hizo un llamado para que los estados armonicen sus legislaciones locales para fortalecer las acciones en contra de este tipo de acciones.
Finalmente el senador Alejandro Encinas Rodríguez señaló que esta reforma trata de establecer la obligación del Estado para garantizar seguridad, integridad y desarrollo pleno de los ciudadanos.
Además, consideró que se está dando un paso firme con una reforma que permitirá legislar en la materia en momentos en que se vive una crisis de violación de derechos humanos en el país.
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