Debatir si la tortura es generalizada o no, o cuál cifra de desapariciones forzadas es la más cercana a la realidad, reflejan una actitud bizantina e irresponsable que no responde a la exigencia de justicia de las víctimas y sus familias, basta de sólo conmovernos, es momento de ocuparnos, afirmó la senadora Angélica de la Peña en tribuna.
Al hablar a favor del dictamen que faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de desaparición forzada y tortura, señaló que: «la realidad demanda que, desde la ley, se desmonte y castigue una cultura donde la lapidación, los palos, el cercenamiento de partes, crucificciones y otros suplicios como «el tehuacanazo», «el pocito», los toques, asfixia, violaciones especialmente contra mujeres y otros sufrimientos físicos o psicológicos, es y ha sido lo cotidiano.»
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos indicó que la desaparición forzada o perpetrada entre particulares, así como la tortura, constituyen delitos graves en el derecho internacional de los derechos humanos al que el Estado mexicano está vinculado, por lo que la reforma del artículo 73 constitucional responde a este compromiso y a las recomendaciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Enfatizó que la reforma constitucional está inscrita también en las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero.
De la Peña Gómez expuso que modificar la Constitución es un importante paso, pero sólo el primero, pues «llegará el momento en que tendremos que discutir si la Convención de Naciones Unidas o la de la Organización de los Estados Americanos, es la que debe motivar la redacción de los preceptos de estas leyes generales», detalló.
«Creo, sin duda, que lo que habremos de discutir y aprobar en estas leyes generales, como ocurrió en el caso de trata que también trabajamos en el Senado de la República, tipos penales avanzados, progresistas, tomando consideración del derecho comparado y, sobre todo, las expertises que se han construido en el mundo del garantismo», concuyó la senadora Angélica de la Peña.
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