No ha sido fácil; quienes nos dedicamos a la política, hemos tenido que librar una langa y desgastante batalla, incluso a golpe de juicios de protección a nuestros derechos políticos en los ámbitos federal, y local Nuestra persistencia ha rendido frutos, la presencia de las mujeres en las cámaras de Diputados y Senadores es la mayor en la historia de nuestro país, y no solo en términos numéricos sino de productividad. Las mujeres privilegian los acuerdos partiendo de las coincidencias.
Uno de nuestros logros ha sido la reforma del artículo 41 constitucional, que es la inclusión del principio de paridad en la Constitución y las leyes electorales para garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres al postularse a cargos de elección popular. Sin embargo: Al Interior de los partidos políticos el tema de la paridad aún enfrenta resistencias; son recurrentes las impugnaciones ante el poder judicial para evitar cumplir con tal principio, o, incluso, se emplea la agresión física.
Estamos observando que los partidos políticos obstaculizan la llegada de las mujeres a las diputaciones, es decir, estamos enfrentando otra vez ideas estereotípicas que se basan en que las mujeres no son aptas para la política y tan es así que debieron hacer cambios de último momento para integrar las listas de candidaturas que deben registrar ante el Instituto Nacional Electoral.
La obligación del Estado es crear condiciones y remover obstáculos, a fin de que las mujeres puedan acceder a cargos decisorios en todas las estructuras de poder.
Otros derechos que deben ser asegurados por el Estado, son los referentes al derecho de las mujeres a participar en el ámbito público, así como a vivir una vida libre de toda forma de violencia.
DEMANDAS CONCRETAS DE MUJERES EN PLURAL Recientemente la organización Mujeres en Plural ha exigido a los partidos políticos que se garantice la seguridad de las mujeres que participan en los procesos electorales y se establezcan mecanismos de denuncia y atención oportuna de situaciones de acoso y violencia política en su contra, a través de acciones concretas:
- Aprobar medidas legislativas para prevenir, sancionar y erradicar el acoso y violencia política contra las mujeres que acceden a puestos de decisión por vía electoral o designación, tanto a nivel nacional como localmente, dentro y fuera de los partidos.
- Documentar las acciones de violencia contra las mujeres en el ámbito político, a fin de poder dimensionar el fenómeno y colocarlo en la agenda política.
- Impulsar la defensa y garantía del pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, sin comprometer su integridad física, dignidad, patrimonio, salud física o emocional.
- Que se abstengan partidos e instituciones de violentar, por acción u omisión, los derechos políticos electorales de las mujeres, incluida la pretensión de simular el cumplimiento de la paridad o tretas para darle vuelta a la ley.
- Que se conduzcan con apego a la ley, salvaguardando los derechos de las mujeres, tomando como referente las disposiciones constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos.
- La violencia contra las mujeres es una ofensa a la dignidad humana y una grave violación a los derechos humanos, que limita total o parcialmente a las mujeres el goce y ejercicio de tales derechos y libertades. La violencia es un medio para conservar el poder mediante el uso de la coacción.
COMPROMISOS DEL ESTADO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
Al suscribir los tratados sobre derechos humanos, y en particular a aquellos que se refieren a los derechos humanos de las mujeres, el Estado mexicano se ha comprometido a prevenir, atender y sancionar dicha violencia, y en caso de no hacerlo, estaría incurriendo en responsabilidad.
Se requiere remover aquéllos obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las mujeres en un contexto de seguridad y libertad, que garantice su dignidad humana y así contribuir a la construcción de una sociedad más justa donde prevalezca la equivalencia humana.
En el inicio del proceso electoral, los partidos políticos deben asumir públicamente y sin demagogia compromisos concretos con la ciudadanía, y en el caso que nos ocupa, con las mujeres que participan o desean participar en la vida política de nuestro país.
Hasta ahora, solamente un instituto político -de cual soy militante y fundadora-ha respondido positivamente y de manera oficial, manifestando su compromiso con la equivalencia entre hombres y mujeres en el ámbito político y para convertirla en una realidad tangible en su vida interna.
Twitter @angelicadelap
