El presidente nacional del PRD ha informado que quienes compiten en las 300 fórmulas distritales por este instituto político, han asumido públicamente el compromiso de legislar contra el delito de trata de personas una vez que sea conformada la 63 Legislatura en la Cámara de Diputados.
Asumen como candidatas y candidatos la obligación de analizar la efectividad de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, colocando en el centro de la legislación los derechos de las víctimas conforme mandata la Constitución y de acuerdo con los tratados internacionales suscritos por México, en particular, el Protocolo de Palermo.
Sabedores que enfrentarán a la delincuencia organizada y trasnacional, que tienen en la trata de personas una de sus tres principales fuentes de ingresos, el encargo que han contraído con las víctimas es indeclinable.
Analizarán el crecimiento de este delito, los resultados de las instancias procuradoras de justicia y, concretamente, el número de sentencias firmes impuestas a delincuentes, todo ello indispensable para ponderar la eficacia de la actual ley, aunque como ha quedado de manifiesto en los foros, audiencias públicas, reuniones de trabajo con la PGR, Inacipe, procuradurías estatales y organizaciones civiles, llevadas a cabo en el Senado y en la Cámara de Diputados, la legislación vigente es prácticamente inaplicable.
Conocen que ningún proceso legislativo, especialmente los que derivan de reformas judiciales novedosas en esta materia, serán efectivos si no son acompañados de la implementación integral de políticas públicas para la prevención del delito y la atención debida a las diversas víctimas de la trata de personas y los fines de explotación que le acompañan en la mayoría de casos.
Por ello, su plan de trabajo habrá de ser integral y contemplará establecer un rubro específico en el Presupuesto de Egresos para que los tres órdenes de gobierno emprendan sus responsabilidades en la prevención del delito y en la atención de las víctimas de manera especializada y bajo un mismo protocolo de atención.
El compromiso de las y los candidatos del PRD enfatiza que para lograr la reparación integral del daño sufrido por las víctimas de trata y explotación, es necesario garantizar que la ley implante con puntualidad el respeto de su dignidad humana en cada etapa del proceso, resguardando la integridad y anonimato de su identidad, particularmente de quienes son menores de edad; prohibiendo expresamente que sean utilizadas por organismos gubernamentales o de la sociedad civil para lucrar en cualquiera de sus modalidades.
Las y los diputados de la próxima Legislatura deberán trabajar con el resto de los grupos parlamentarios y en conferencia con el Senado de la República, con el propósito de que la revisión sea lo más eficaz posible y tome en cuenta la importante reforma aprobada por unanimidad en la Cámara Alta.
Sabemos que hay y habrá presiones de quienes se oponen a modificar la ley vigente, motivados por oscuros intereses a pesar de los escuetos resultados en la persecución del delito y de que este estatuto empequeñece aún más cuando observamos los alcances del negocio de las diversas formas de trata y la impunidad que le acompaña. No debe haber dudas del compromiso del PRD para castigar en serio este grave delito.
