Estado debe asumir su responsabilidad en materia de desaparición forzada y de tortura: Senadores PRD


Modificaciones  al  artículo 73 Constitucional en materia de desaparición forzada y tortura darán respuesta a una demanda social muy añeja para que el Estado asuma su responsabilidad en estos temas, aseguraron senadores del Grupo Parlamentario del PRD.

 

Al fundamentar a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, el senador Alejandro Encinas señaló que esta reforma implica que el Estado mexicano asuma su responsabilidad respecto a las desapariciones forzadas de carácter político, pero también su responsabilidad para garantizar la seguridad y la integridad física de las personas ante hechos delictivos.

 

“Muchos de nosotros iniciamos y nos formamos en la vida política justamente luchando por la libertad de los presos políticos y la presentación de los desaparecidos”, mencionó.

 

El legislador por el Estado de México afirmó que establecer en la Constitución la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de secuestro, desaparición forzada, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley como la tortura, permitirá enfrentar con mayor eficacia ese tipo abusos por parte de la autoridad.

 

También confió en que una vez que sean aprobadas las modificaciones a la Constitución, se acelere el proceso para contar con las leyes generales.

 

La senadora Angélica de la Peña Gómez recordó que el delito de desaparición forzada de personas se fue configurando entre las décadas de los 60 y 80 principalmente por regímenes dictatoriales de América Latina, pero después se reconstruyó con la desaparición de personas no sólo por agentes del estado, sino también por particulares.

 

En este sentido, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos se pronunció por hacer una diferenciación clara entre la desaparición forzada de personas cuando es perpetrada por el Estado y cuando es por particulares.

 

Por su parte, la Senadora Dolores Padierna Luna resaltó que la facultad que se le otorga al Congreso para poder legislar en estos temas conlleva la obligación de elaborar una ley general para la prevención y atención de este tipo de delitos con una visión protectora y garantista de los derechos humanos de las personas.

 

Consideró que las reformas obligan al Estado a proteger a las personas frente a los delitos de tortura, trato cruel inhumano o degradante.

 

“El Estado debe de ser el garante de los derechos humanos, pero el Estado debe no ser responsable de actos que queden fuera de su control, pero sí deberá ser responsabilizado por actos de tortura que cometan otros si no hace nada para evitarlo”, explicó.

 

En su turno, el senador Armando Ríos Piter destacó que el fenómeno de la desaparición forzada de personas es un asunto complejo porque en muchos casos involucra a actores que están por encima del Estado mismo.

 

Sostuvo que atender este problema nacional es un gran reto para el Estado en su conjunto porque quienes cometen este delito no sólo son agentes del Estado, sino híbridos entre autoridades y la delincuencia

 

Finalmente, el senador Zoé Robledo planteó que en la reforma al Artículo 73 constitucional también se contemple el fenómeno de desplazamiento interno, pues aseguró que México requiere una legislación en esta materia para dar atención a este problema que enfrentan 33 millones de personas en todo el mundo.

 

“Esta es una oportunidad extraordinaria para abrir el horizonte e incorporar a la reforma al 73 este fenómeno de desplazamiento interno”, aseveró.

 

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