¿Cuántas mujeres se habrían salvado?
Para el Boko Haram, en Nigeria, las mujeres y las niñas son “una mercancía” altamente redituable y, para evitar su depreciación por una oferta excesiva, ha establecido un tabulador. Indigna saber que se trata de una realidad y la comunidad internacional permanece impasible.
En India, las mujeres son usuales víctimas de violaciones colectivas, ordenadas por un consejo como castigo, o simplemente porque la desafortunada estuvo en el lugar y momento equivocados. Impacta que una cultura ancestral considere una práctica tan atroz como algo usual.
En México, la situación para las mujeres no es muy distinta. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha presentado un informe con datos recolectados en 30 entidades federativas sobre homicidios de mujeres ocurridos entre 2012 y 2013, su principal conclusión es que en el país cada día son asesinadas seis mujeres y que, de esos casos, al menos la mitad son feminicidios, es decir, son asesinatos motivados por el sexismo o la misoginia.
A lo largo de todo el país autoridades municipales y estatales han abandonado a las mujeres en manos de la violencia machista; nada en ellas les ha importado ni perturbado, ni siquiera las lágrimas de sus familiares al exigir, por lo menos, saber el destino final de hijas, madres, hermanas, esposas.
Muestran sin pudor su lentitud, ineficacia y corrupción; hacen gala de complicidad, comprada o por afinidad misógina. Castigan con desesperación e impotencia la perseverancia de las familias; premian con impunidad a los presuntos responsables.
No les ha interesado si son cientos o quizá miles las jovencitas menores de 18 años que han desaparecido; han subestimado las golpizas que reciben mujeres a manos de sus parejas; no les ha conmovido si los restos hallados en el desierto o en un canal de aguas negras o en barrancas correspondan a mujeres que eran el sostén de toda una familia, si sus padres las siguen esperando, si son personas de la tercera edad.
“Se lo merecía por vestir de tal o cual forma”, “se fue con el novio”, “escapó de casa”, “se lo buscó”, son frases dichas en infinitas ocasiones en agencias del ministerio público para responder a una denuncia por desaparición o agresión, y lo podamos constatar en cualquier municipio o entidad federativa que elijamos, Ciudad Juárez, Ecatepec, Guanajuato, Guerrero, etcétera.
Para las mujeres, en México ésa es la realidad del sistema de procuración y administración de justicia, pese a la vigencia de una ley que debiera garantizarles el derecho a una vida libre de violencia.
La situación se ha denunciado tantas veces, en tantos foros, que simplemente pareciera ya no ser noticia, haberse normalizado.
Pero el caso de Mariana Lima Buendía, una joven recién titulada en la licenciatura en derecho y asesinada por su pareja, representa un parteaguas en las decisiones del máximo tribunal de la nación porque por primera vez le ordena a una procuraduría —la General del Estado de México— reponer la investigación de un probable caso de feminicidio.
El fallo de la Suprema Corte no sólo desnuda la procuración de justicia en el Estado de México como un sistema corrupto y fracasado, sino que obliga al gobierno estatal a reconocer que el feminicidio es un problema real y creciente.
Estamos frente a la posibilidad de ver el final de la impunidad de la que han gozado los criminales misóginos y machistas y que, hasta antes de la resolución judicial, había fomentado la aceptación social de la violencia en contra de las mujeres y anulado el acceso a la justicia de las víctimas.
Concluyo preguntando: ¿por qué el Poder Judicial debe obligar a un gobierno estatal a reconocer una realidad que atemoriza y afecta a cientos de miles, quizá millones, de mujeres mexicanas? ¿cuántas vidas de mujeres se habrían salvado si el gobierno mexiquense, y otros tantos, hubiese emitido ya la alerta de violencia de género?
@angelicadelap
Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado de la República
