Con la finalidad de fortalecer la figura de la denuncia ciudadana ante la Comisión Nacional de Desarrollo Social por cualquier tipo de falta en la operación de los programas sociales, la senadora Lorena Cuéllar Cisneros propuso actualizar los protocolos para facilitar su presentación y contenido.
A través de una iniciativa, la legisladora del Grupo Parlamentario del PRD plateó modificaciones a la Ley General de Desarrollo Social para contemplar los medios electrónicos como vías para realizar la denuncia, otorgando al ciudadano un concepto asequible y de mayor claridad sobre su uso, aplicación, plazos y lugares para su presentación.
Esta propuesta, señaló la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, “nace de la notable visión obsoleta de limitar un medio escrito, esto debe actualizarse en una época donde son ampliamente utilizados distintos medios electrónicos; frente a esta situación, fomentar el uso de las nuevas tecnologías favorece la comunicación ciudadana con la institución de manera precisa, rápida y directa”.
La representante por Tlaxcala apuntó que es indispensable garantizar que los medios de vinculación entre la autoridad y la ciudadanía sean accesibles, sin costo y que tengan un trámite y atención oportuna por parte de todos los involucrados.
Además, Lorena Cuéllar lamentó que el marco vigente para la denuncia ciudadana establezca como requisito de validez el señalar nombre o razón social, domicilio y demás datos que permitan la identificación del denunciante.
“Siendo ésta una característica que podría inhibir el ejercicio y acción de denuncia por miedo a represalias de algún tipo, violencia en su contra o cualquier otra hipótesis que genere o implique algún riesgo para el afectado”, agregó.
Por lo tanto, su propuesta también busca eliminar la parte que compromete al beneficiario a ser plenamente identificado, poniéndolo en una evidente situación de desventaja, “cuando es él, quien está quejándose ante la autoridad involucrada”.
Se pretende también que la ciudadanía esté protegida contra los abusos, condiciones, restricciones o limitantes que pueden darse con el fin de favorecer a un partido o candidato en particular.
“La idea de mejorar la denuncia popular como la conocemos hasta ahora, tiene como finalidad esencial permitir y hacer exigible el derecho que tiene nuestra población con sus derechos sociales, mismos que el Estado tiene el deber de atender y subsanar ante la brecha de exclusión social que padece nuestra sociedad”, subrayó.
Asimismo, Cuéllar Cisneros añadió que se impedirán actos que merman en gran sentido los fines de los programas sociales como son los actos de corrupción por parte de las autoridades involucradas.
“Con esta Iniciativa se aporta a la democratización institucional para que las personas ejerzan sus derechos sin caer en provocaciones, disturbios o agresiones y además se respeta su integridad, atendiendo la necesidad de ser escuchados cuando se les cause alguna condición que violente sus derechos”, concluyó.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Desarrollo Social y Estudios Legislativos para su análisis y dictaminación.
