Intervención en tribuna del senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del PRD, para referirse al dictamen que contiene proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Educación, sobre el interés superior de la niñez.
Fidel Demédicis Hidalgo, (FDH): Con su venia compañero Presidente.
Compañeros senadores y compañeras senadoras.
Suceden tantas situaciones que la mea culpa hay que señalar a quién le corresponde. Hoy el Senado de la República, a través de su Comisión de Educación y de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, está haciendo una propuesta de reforma a la Ley General de Educación con un sentido concreto.
Que las acciones educativas tengan un enfoque de derechos humanos; es decir, el Senado de la República, una de sus responsabilidades constitucionales, es la de hacer leyes o la de reformar y modificar leyes.
Frente al pueblo esa parte la estamos cumpliendo de manera cabal, porque necesitamos crear un andamiaje jurídico que permita que los derechos de las niñas, niños y adolescentes estén garantizados a plenitud.
Hoy todo mundo se pregunta por qué la violencia está desatada en las escuelas, por qué la violencia está destacada en la sociedad, porqué la violencia es el sello característico de estas generaciones.
Los pedagogos de todo el mundo, los antiguos y los actuales, absolutamente todos señalan algo que el gobierno de la República, que el Secretario de Educación, que los subsecretarios respectivos, que los directores de los institutos de educación básica no quieren atender.
La violencia es un fracaso pedagógico y es necesario que se entienda de esa manera.
Cuando discutimos la reforma educativa puntualizamos que no podíamos hacer esa reforma porque no se ponía en el centro del debate cuál era el perfil del educando que se pretendía obtener de esa reforma.
Nunca se quiso discutir eso, se discutieron otras cuestiones, pero nunca se dijo: vamos a modificar el perfil violento del Sistema Educativo Nacional, vamos a mejorar la percepción de las niñas, niños y adolescentes de este país en relación con el amor a la patria, en relación a los derechos humanos, en relación con la convivencia pacífica ,
Jamás se quiso discutir eso. Pero nunca es tarde, compañeros senadores, compañeras senadoras, nunca es tarde.
Y es necesario, hoy iniciamos una serie de diálogos con especialistas en temas de violencia escolar, igual que los pedagogos, desde la visión de la Unicef y de otros organismos internacionales y nacionales, se requiere revisar algo que es elemental, algo que es elemental, la currícula tanto del educando como del educador.
Está comprobado que lo que se obtiene del Sistema Educativo Nacional es un perfil que no le gusta absolutamente a nadie.
Hoy todo el mundo habla del Bulliyng, hoy todo el mundo habla de la violencia, hablan de sanciones y hay que sancionar, diría una compañera que me antecedió aquí en el uso de la palabra, que habría que sancionar a los profesores y a las profesoras que maltraten a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Hay que castigarlo.
Aquí la pregunta es: ¿Quién va a sancionar a quien ha desatado la violencia institucional en contra de nuestros infantes? ¿Quién tiene la obligación de garantizarles a los niños, niñas y adolescentes que la educación sea de calidad? ¿Quién?
El Estado mexicano. Y hay un responsable: el ciudadano Presidente de la República y hay un responsable del Sector, el ciudadano Secretario de Educación. Ninguno se preocupa por esto que estamos planteando, pero a ellos no se les corren sanciones.
Para empezar el ciudadano Presidente tiene un fuero constitucional que lo protege de este tipo de sanciones que es necesario que también lo alcance, porque está perjudicando lo más hermoso que tiene el país, que son sus niñas, niños y adolescentes.
Para que tengamos un enfoque de derechos humanos en la educación, necesariamente, compañeros senadores, compañeras senadoras, entiéndalo, se requiere modificar la currícula del educador y de los educandos.
Parafraseo a mi compañero presidente de la Comisión de Educación, a don Carlos Romero Hicks, la implementación de la ley cuesta, ayer lo señalamos a puntualidad, pero no implementarla cuesta más caro, porque nuestro niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes están viviendo violaciones sistemáticas de sus derechos humanos y son víctimas de la cooptación por parte de los delincuentes, redes de prostitución en muchas partes de México.
Los pequeños son utilizados como narcomenudistas para vender las famosas grapas, compañeros, compañeras, hay que reformar la ley, pero el Senado de la República tiene el peso político para exigirle al Ejecutivo que cumpla con sus obligaciones, tenemos ese peso político y hay que hacerlo valer por las niñas, niños y adolescentes de este país.
Por su atención, muchas gracias.
