En el proceso de análisis de la minuta anticorrupción, que actualmente se discute en el Senado, debe tomarse una decisión importante. Definir si en el combate a esta terrible práctica se necesita y se quiere un sistema completo o un sistema parcial en la materia.
Un sistema completo significaría incluir como sujeto de responsabilidades de los servidores públicos al titular del Poder Ejecutivo federal; incompleto sería mantenerlo como hasta ahora, exento.
En los párrafos primero, tercero y cuarto del artículo 108 constitucional se establecen las responsabilidades de los servidores públicos, de los funcionarios de las entidades federativas a escalas estatal y municipal.
Sin embargo, en el segundo párrafo de ese artículo dice: “El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la Patria y delitos graves del orden común”. Por este precepto constitucional, por la vía de los hechos, cualquier investigación por posibles actos de corrupción se detiene en las puertas de Los Pinos.
En las naciones más importantes de Europa y América, la rendición de cuentas incluye a todos los servidores públicos y titulares de los poderes. El presidente de Estados Unidos, en muchos aspectos el hombre más poderoso del mundo, continuamente está sujeto al escrutinio público y a las consecuencias de sus acciones; desde el caso Watergatehasta el tráfico de influencias o al mentir sobre sus relaciones sexuales, los presidentes estadunidenses han enfrentado las consecuencias de sus actos. ¿Esto ha debilitado a la Casa Blanca? No, porque existe una clara distinción entre el presidente y la institución.
Lo dicen los ingleses, la corona es eterna, pero la familia real rinde cuentas y paga puntualmente sus impuestos. Lo mismo ocurre con la monarquía constitucional española, donde las infantas tienen que rendir cuentas por las acciones de sus esposos. ¿Esto debilita a las dos monarquías más importantes de Europa? No. En estas naciones los ciudadanos lograron meter a los reyes, las reinas, los príncipes y las princesas en una caja de cristal; es decir, las instituciones monárquicas son parte de esos Estados, pero sus titulares están sujetos a la redición de cuentas.
Lo mismo podemos decir de Francia, donde pasaron de una monarquía a una república, o en Italia, donde el Estado libra una batalla permanente contra la mafia. En Brasil, Chile y Argentina, mantienen una batalla continua contra la corrupción, con diversos niveles de éxito.
Es el momento de discutir a profundidad y de manera responsable, de analizar desde una perspectiva de Estado y con visión de futuro la conveniencia de terminar con este resabio de un sistema político opuesto a la democracia, la transparencia y la redición de cuentas.
En suma, la reforma anticorrupción está incompleta. Para que pueda contribuir efectivamente a sanear nuestra vida pública requiere, además de incorporar al titular del Poder Ejecutivo en los supuestos del artículo 108 constitucional, un aspecto que los diputados debieron establecer en el dictamen que nos enviaron: convertir a la Auditoría Superior en un auténtico tribunal de cuentas; establecer claramente la no prescripción de los delitos de corrupción y la extinción de dominio.
El fortalecimiento del estado de derecho, el eficaz combate a la corrupción pasa por anular cualquier ventana de impunidad.
*Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República
Twitter: @MBarbosaMX
