La aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada por el Senado el pasado miércoles 18 de marzo, representa un parteaguas en México, porque significa un paso trascendental para transitar de la opacidad, que por tantos años caracterizó al régimen político, a la transparencia, que debe ser un signo distintivo de la democracia mexicana.
Este buen producto legislativo, que enviamos a nuestra colegisladora, es la respuesta del Senado de la República a una de las exigencias más sentidas de nuestra sociedad, la cual ha expresado en múltiples ocasiones su hartazgo ante la corrupción que impregna algunas áreas de nuestra vida pública.
El ánimo social, los estudios estadísticos y las encuestas de opinión dan cuenta de que varias instituciones y titulares de poderes carecen de credibilidad y de la confianza de sectores importantes de la sociedad. Una de las causas de este déficit se encuentra en la percepción de que el servidor público oculta lo que hace, cuánto gana, cuánto gasta y cómo gasta los recursos públicos.
Con esta ley se garantiza el acceso a la información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios.
Llama la atención la incorporación de los partidos políticos, los sindicatos y los particulares como sujetos obligados directos.
Esta ley tiene una gran utilidad social, me refiero a la información que puede ser del interés de la población y cuyo fácil acceso le permitirá a las personas ejercer plenamente otros derechos en materia económica, educativa, social y cultural.
El amplio consenso alcanzado en torno a esta reforma expresa una decisión fundamental: que los senadores consideramos la transparencia como una aliada y no como un obstáculo a nuestra labor legislativa.
El siguiente paso en el desarrollo de nuestra cultura política debe ser que el servidor público que actúe con transparencia sea valorado de mejor manera por la ciudadanía en el ejercicio de su función.
El Estado mexicano atraviesa por un déficit de credibilidad. Ante esta circunstancia, el Senado dio un paso fundamental para recuperar esa credibilidad. Lo hizo con hechos, entregando a la sociedad una poderosa herramienta para exigir cuentas a los gobernantes. Un sistema democrático siempre se fortalecerá cuando potencialice su esquema de rendición de cuentas. Esto es lo que hizo el Senado de la República.
Ante las inercias que nos han llevado al estancamiento, uno de los poderes de la Unión tenía que tomar decisiones. El Senado decidió dar este paso, un paso de responsabilidad, un paso que nos compromete, porque estamos convencidos que para tener un país transparente, necesitamos un Congreso de la Unión y un Senado también transparentes.
Hacia el futuro inmediato, el Senado tiene el reto de llevar a buen puerto la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley de Archivos y, principalmente, la reforma que haga posible el Sistema Nacional Anticorrupción.
*Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República
Twitter: @MBarbosaMX
