Intervención en tribuna de la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Lorena Cuéllar Cisneros, (LCC): Gracias, presidente.
Como sabemos, México fue alineado a las recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, que en síntesis trajeron un nuevo paradigma en la forma de enfrentar la cuestión social para los países de la Región Latinoamericana.
Dicho paradigma, se caracteriza por atribuir al mercado el papel fundamental en la generación y distribución de la riqueza, los ingresos y el bienestar.
Y, de esta manera, las políticas sociales han adoptado un carácter residual, haciendo un papel de complemento, que enfrenta los riesgos sociales de los más pobres o vulnerables, auspiciando la autoprotección de individuos y familias.
En América Latina, los programas de combate a la pobreza tienden a cumplir principalmente funciones de compensación social, sin relación con políticas de empleo y de desarrollo.
Esto, ha producido la hipótesis preocupante de que el funcionamiento de estos programas está más ligado a la evolución de las coyunturas políticas que a estrategias de desarrollo social y económico.
Como sabemos, México tiene una larga tradición de pobreza, de marginación y de desigualdad. Pero también, tiene una extensa historia de políticas improvisadas o impuestas, que carecen de una visión correcta sobre la forma de encarar los grandes desafíos que tenemos.
En los últimos sexenios, se ha dado un proceso de institucionalización de la política de desarrollo social, con avances innegables en materia de transparencia, de regulación y evaluación.
Sin embargo, aún estamos lejos de contar con una Política de combate a la pobreza que sea efectiva e imparcial, guiada por criterios científicos de equidad y de justicia.
La realidad es que para muchas instituciones de los tres órdenes de gobierno, sigue siendo una práctica recurrente la manipulación, la coacción, y el uso indebido de los programas sociales con fines electorales.
Para muchos, es rentable formar clientelas políticas, ya partir de ellas mantener ciertas cuotas de poder, aunque para ello condenen a miles de personas al olvido de siempre, porque son visitadas solamente en épocas electorales.
Y mientras tanto, la pobreza se mantiene o crece en el campo y en la ciudad, donde se acumulan historias de abandono, de frustración, de proyectos de vida cancelados.
Por ello, deben terminarse los actos que distorsionan la política social, porque atentan contra la desigualdad, contra la dignidad y contra los derechos humanos de los destinatarios de los programas sociales.
Debemos dar paso a una nueva etapa de políticas públicas, con auténtica visión de Estado.
La política de combate a la pobreza, para ser efectiva, debe estar vinculada a las políticas de empleo y a las estrategias de desarrollo.
Después de varias décadas ha quedado demostrado que no basta la modalidad de asistencia mínima para los pobres extremos.
Es importante la entrega de apoyos a las familias que más lo requieren, pero ello no es suficiente para romper la transmisión generacional de la pobreza y tampoco es suficiente para acabar con las clientelas electorales.
Las políticas de transferencias monetarias condicionadas, no eliminaron la visión asistencialista, porque estas se conciben como dádivas; es decir, los destinatarios no son vistos como sujetos de derechos.
Con esto, en la práctica, se formó un nuevo tipo de clientelismo, que prescinde de las organizaciones y los líderes, pero que hace depender a muchas familias de la discrecionalidad de los funcionarios públicos.
La creación de capacidades básicas individuales, objetivo central de los programas más emblemáticos de combate a la pobreza, no se ha traducido en la creación de oportunidades de empleo, ni de mayores ingresos.
Por lo tanto, es imprescindible vincular los programas sociales con las políticas de empleo, y con una estrategia de desarrollo que beneficie a todos, y no sólo a unos cuantos.
La acción del Estado no debe limitarse a posibilitar la sobrevivencia de millones de personas. México no puede conformarse con ser el país de los satisfactores mínimos, y de sólo unos cuantos con derechos plenos.
El Programa Prospera incorpora la inclusión laboral y productiva en dos de los ejes articuladores de su nuevo diseño.
Sin embargo, en el fondo se trata de atender a las mismas personas con recursos focalizados, no con uno sino con varios programas, que responden a una lógica donde el Estado se desentiende, porque son las familias las que deben hacerse cargo de su propio desarrollo y de la satisfacción de sus derechos.
El Coneval ha insistido en que el empleo debe ser uno de los ejes dentro de la política de desarrollo social del país, y eso no lo hemos visto, no lo hemos atendido.
Asimismo, el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, establece que la Política Nacional de Desarrollo Social debe incluir la vertiente de superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación.
No obstante, esta disposición ha permanecido como letra muerta pese a los cambios de Prospera que a todas luces resultan insuficientes.
La presente iniciativa propone establecer de manera obligatoria, que la Sedesol, quien tiene a su cargo formular, conducir y evaluar la política de desarrollo social; garantice que dicha política se vincule, de manera inexcusable, con las políticas de empleo y desarrollo económico.
Cabe mencionar, que por medio de esta reforma se eliminaría también como facultad de la Secretaría de Desarrollo Social, evaluar la Política General de Desarrollo Social, porque actualmente, de acuerdo al artículo 102 constitucional en su apartado C, esta atribución corresponde al Coneval.
Es cuanto, señor Presidente.
