Intervención en tribuna de la Senadora Dolores Padierna sobre la Ley para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos


VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN EN TRIBUNA DE LA VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD EN EL SENADO, DOLORES PADIERNA LUNA SOBRE LA LEY PARA PREVENIR  Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS

Sen. Dolores Padierna Luna: La iniciativa que presentó el senador Fayad, cambió sustancialmente y eso es lo que habría que subrayar, tal vez no se dieron a conocer, no se hizo adecuadamente este procedimiento de debate, pero la ley inicial que conocimos es diametralmente distinta a la que hoy se presentan.

Los cambios realizados hasta este momento en el dictamen de la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos nos parece que muestran un avance con relación a la iniciativa presentada.

A la par del reconocimiento al promovente, debemos decir que lo que aprobaremos es uno de los primeros parches que evidencian que el modelo constitucional y legal surgido de la reforma energética está resultando insuficiente para atender todos los aspectos del sector por haber sido aprobada con prisas y con procedimientos antiparlamentarios.

 

Más allá de eso, la importancia del sector de hidrocarburos para las finanzas públicas, la generación de empleos y la seguridad energética de nuestro país, que se reconoce en esta iniciativa son motivo suficiente para que cumplamos con las facultades de revisar, evaluar y, en su caso modificar, el marco jurídico que abrió el sector a las inversiones privadas.

Subrayo una vez más que no estamos de acuerdo con este modelo privatizador y que estamos atentos a cada uno de los pasoso que se están dando en la implementación de la reforma energética, pero aquí buscamos los acuerdos necesarios para crear una ley específica para sancionar delitos en materia de hidrocarburos.

La iniciativa surge del hecho de que el sector de hidrocarburos tiene mermas  muy importantes en sus ingresos como consecuencia de actos delictivos que, según numerosas evidencias, son cometidos en su mayoría por la delincuencia organizada.

Apenas en septiembre del año pasado, el director de Pemex, Emilio Lozoya, reconoció en el marco de la Glosa del Informe en la Cámara de Diputados, la necesidad de legislar sobre el tema para combatir las llamadas tomas clandestinas. Según las cifras proporcionadas por él, sólo en los primeros ocho meses de 2014 el robo a Pemex implicó una pérdida de 7.5 millones de barriles, es decir, 15 mil 300 millones de pesos.

Pemex reconoció el incremento exponencial del delito ya que en 2012 se detectaron mil 635 tomas clandestinas, cifra que para el año siguiente se elevó a 2 mil 612 y para los primeros ocho meses de 2014, la empresa llevaba detectados 2 mil 500 puntos de fuga y robo de combustible.

Señala en la exposición de motivos que hay  gasolineros o dueños de franquicias que obligan a sus empleados a robar a sus clientes, lo cual a nosotros nos parecía un exceso de cinismo de la propia autoridad, pues ¿qué estaba esperando para retirarle las franquicias a estos empresarios que estaban robando a sus clientes?

Ese crecimiento exponencial habla de la ineficacia absoluta de las acciones del gobierno para combatir la sangría y también, quizá, el fracaso de la estrategia de combate al narcotráfico. Como señalan especialistas, la captura de importantes capos del narcotráfico deriva también en la pulverización de los cárteles y del surgimiento de pequeños grupos que disputan territorios y buscan nuevas fuentes de financiamiento. Una de esas fuentes es el saqueo a Pemex.

Mientras no se cuente con una política eficaz en materia de seguridad pública, la ley por más buena que sea, será letra muerta.

Mientras el gobierno nos dice, por ejemplo: que el principal cártel que opera en el estado de Tamaulipas está totalmente debilitado, gracias a la captura de las principales cabezas; también, nos dice el dato de que cuatro de cada diez puntos de ordeña de ductos de Pemex se encuentran, justamente en Tamaulipas

¿Cuál es la relación entre la desarticulación de los cárteles y el disparo exponencial de delitos como el secuestro, la extorsión, la trata de personas y, en este caso, el robo a Pemex?, pues es una pregunta que el gobierno responsable de brindarnos seguridad a las personas y los bienes debe responder, no solo con los rondines y retenes que evidentemente han fracasado, sino con una labor organizada e integral para erradicar la violencia y la inseguridad.

La caída de los precios del petróleo, de los hidrocarburos obligan hoy más que nunca a cuidar los ingresos del Estado, sin contar con la necesidad de terminar con las tomas clandestinas porque han hecho crecer las tragedias ambientales y han provocado accidentes de consecuencias fatales.

Además del robo vía tomas clandestinas, se informa en la exposición de motivos del saqueo que también ocurre en actividades relacionadas con la extracción y distribución en campos petroleros, en terminales de almacenamiento y de reparto, en  terminales marítimas, en refinerías y en la carga a buques de gran calado; en estos lugares se alteran los sistemas de medición, las facturas, los sellos y las bandas organizadas que obtienen enormes ganancias. Para 2011, por ejemplo, se estima que el mercado ilícito de combustible dio ganancias por 23 mil 900 millones de pesos. Para el año siguiente, creció a 33 mil 200 millones de pesos.

 

El tamaño de la red de ductos y su paso por zonas despobladas podría explicar en parte la dificultad para acabar con este flagelo, pero no es el caso en las instalaciones de Pemex, donde la seguridad está a cargo de personal sindicalizado y de confianza que podría formar parte de redes delincuenciales y así lo ha demostrado la Auditoria Superior de la Federación y lo señala también la exposición de motivos de esta ley.

Concordamos en la necesidad de legislar para que los responsables de estos ilícitos, hasta ahora insuficientemente tipificados, sean sancionados, pero también subrayamos que no puede olvidarse que hace falta fortalecer la supervisión y garantizar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y entre instituciones cuyas omisiones o estrategias erradas posibilitan que el delito no sólo continúe sino crezca. Así lo precisó el director de  Pemex, el SAT, la Profeco, la PGR y las secretarías de Defensa y Marina para que combatan en un programa integral la cadena delictiva que va de la ordeña a la venta del producto al consumidor final, una cadena que aprieta a Pemex y lesiona las finanzas públicas del Estado.

El proceso de dictamen de esta nueva Ley ha logrado corregir algunos aspectos que nos preocupaban, como la posibilidad de que fuera una ley destinada únicamente a brindar certeza jurídica a las empresas privadas, tema que está por verse, pero algunos ajustes para lograr que el fin último de esta ley fuera brindar mayor protección al patrimonio y los ingresos del Estado son los siguientes:

a)      Garantizar que la protesta social no sea criminalizada, al establecer, en el tipo de sabotaje, que no se podrá sancionar el ejercicio de los derechos de asociación y de libertad de expresión.

 

b)      Se introdujo la sanción a distribuidores de gasolina y diésel que no vendan “litros de a litro”, como una conducta distinta a la alteración de los medidores.

 

 

c)      Con el fin de evitar la criminalización de los sectores más pobres del país, se estableció que la compra y posesión de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos de origen ilícito sea únicamente sancionado cuando sea con pleno conocimiento de que los mismos provienen de un origen ilícito.

 

d)      Se establece un tipo penal para sancionar a quienes, como resultado de operaciones de exploración y extracción de hidrocarburos cometan daños al medio ambiente.

 

 

e)      Se establece un tipo penal para el caso de que los asignatarios y contratistas provoquen un daño a las finanzas públicas al no hacer el reporte correspondiente, fidedigno y verdadero al Fondo Mexicano del Petróleo.

 

f)       Se estableció la responsabilidad penal de a y los servidores públicos de órganos reguladores coordinados, de empresas productivas del Estado, de las dependencias de la Administración Pública Federal que participen en la comisión de alguno de los delitos que contempla la ley.

 

g)      Se eliminó una fracción del artículo 10, cuya falta de claridad abría la puerta a un manejo arbitrario de la norma y por tanto con una clara criminalización indebida de la defensa de las comunidades y sus legítimos bienes; todo esto se corrigió.

 

No puede pasarse por alto que esta Ley viene de la mano del Código Nacional de Procedimientos Penales, al establecer mecanismos por los que las personas que participen en la industria de hidrocarburos tengan también responsabilidades penales, que pueda incluso provocar el retiro de la concesión o disolver la empresa, ello si la empresa cometió alguno de los delitos de esta ley.

Este mecanismo de responsabilidad de responsabilizar a las empresas será muy importante para combatir los posibles abusos de quienes vengan a nuestro país con el solo deseo de saquear nuestros recursos naturales. Asimismo, será una herramienta para combatir mejor a la delincuencia organizada.

Ahora, toca al Ministerio Público, a los órganos reguladores coordinados, la CENACE, la PROFECO, la Agencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental del sector Hidrocarburos, así como a las secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público y de Medio Ambiente, por nombrar solo algunas dependencias y entidades a que realicen de manera adecuada y puntual sus tareas de supervisión y verificación para garantizar el adecuado funcionamiento de la industria y reducir al mínimo el impacto negativo que tendrá la apertura energética en este momento de crisis mundial del sector.

Considero que el trabajo realizado para conformar esta Ley es un claro ejemplo de que se puede llegar a acuerdos cuando se toman las opiniones y propuestas valiosas que hagamos otros legisladores y es mera voluntad política, esta voluntad política sí se logró en esta iniciativa, ojalá fuera en todos los temas que aprueban este Senado que no es el caso; ahora bien los graves problemas no solo se resuelven (…) también cumplan su parte. Por todo esto, el voto del PRD en este dictamen será a favor. Muchas gracias.