Propone Zoé Robledo medidas para frenar tráfico ilegal de armas de fuego


Con el fin de frenar el aumento en la circulación de armas de fuego de manera ilegal por el país, el senador Zoé Robledo propuso establecer como delitos graves y merecedores de prisión preventiva los relacionados con armas de fuego y explosivos.

 

A través de una iniciativa para modificar el artículo 19 constitucional, el legislador del Grupo Parlamentario del PRD señaló que uno de los principales problemas que enfrenta la sociedad mexicana en la actualidad es el creciente comercio ilícito de armas de fuego.

 

“El aumento en el tráfico ilegal de armas ha sido un factor para que en los últimos años México haya sufrido el incremento de la delincuencia en general, lo cual ha afectado sensiblemente las estructuras sociales, económicas, políticas e institucionales, provocando una elevada percepción de la inseguridad por parte de sus habitantes”, afirmó el senador por Chiapas.

 

En ese sentido, subrayó que algunas cifras derivadas de estudios especializados estiman que las autoridades confiscan únicamente el 14 por ciento de las 252 mil armas que se cruzan anualmente de forma ilegal por la frontera norte y que alrededor de 46.7 por ciento de las 51 armerías estadounidenses dependen en alguna medida de la demanda mexicana.

 

Aunado a esto, agregó Robledo, el número de armerías estadounidenses ha aumentado cerca de la frontera, contribuyendo a que en México circulen más de 15 millones de armas ilegales y que alrededor de un 80% de esa cantidad provengan de Estados Unidos.

 

El senador mencionó también que de acuerdo con cifras del INEGI, durante 2013 se registraron 22 mil 732 homicidios, de los cuales 14 mil 122 fueron cometidos con un disparo de arma corta, con rifles, escopetas, armas largas y por medio de disparos de otras armas de fuego.

 

“México pasó de ocupar el lugar 22 en el tráfico de armas, al 5º lugar mundial”, añadió.

 

 

 

Zoé Robledo consideró que es cada vez más habitual la comisión de delitos de alto impacto, como asaltos u homicidios, en los que se utilizan armas de fuego de mayor calibre y poderío que las utilizadas por las fuerzas de seguridad del Estado.

 

“Aparejando a este fenómeno, el alto índice de impunidad, así como las denuncias por corrupción o ineficiencia de los miembros del Ejército o de los servidores públicos encargados de procurar y administrar la justicia, agravan el problema de la portación ilícita de armas, porque colocan a la sociedad en un estado de vulneración y riesgo ante una violencia que crece día con día”, explicó.

 

Por esas razones, el senador chiapaneco consideró que se trata de un tema trascendental para el Estado, por lo que resulta necesario agregar la portación ilegal de armas como un supuesto más para la procedencia de la prisión preventiva oficiosa.

 

En el mismo tenor, precisó que se debe adecuar tanto en el Código Federal de Procedimientos Penales como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que presentó una iniciativa para reformar ambos códigos en la materia y en atención a que nuestro país se encuentra en transición del sistema mixto penal hacia el proceso penal de corte acusatorio y oral.

 

“Lo que pretende esta reforma es inhibir la portación ilegal de armas de fuego y explosivos, mediante una adecuación normativa con el objeto de que se convierte en delito grave, y su ubicación en la Norma Fundamental de nuestro país como un supuesto que actualice la prisión preventiva oficiosa”, concluyó el senador.

 

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictaminación.