Los secretos del poder -arcana imperíi en latín- aluden a la necesidad de los Estados de mantener fuera de escena aquella acción que consideran muy sensible, muy peligrosa, muy difícil de entender para el público en general. Esto provoca que las personas consideren a este comportamiento como necesario para su protección y tolerable en su condición de ciudadano. El Estado preocupado por la seguridad de sus ciudadanos. La historia dice lo contrario.
Los arcana imperíi han constituido una amenaza; no sólo para la integridad y el ejercicio de los derechos de aquellos a los que pretende proteger, sino para la toda la democracia.
Por eso es tan relevante lo que hoy se discute en el Senado. No se trata de buscar el mínimo: que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información no sea inconstitucional. Se trata de establecer las bases para que, en la democracia mexicana, los arcana imperíi se conviertan en res publica -cosa pública-.
En ese sentido, el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado comparte y hace suyos los 10 puntos que el IFAI ha considerado relevantes.
Son temas que se deben atender pero no son los únicos. Hay otros que resulta necesario defender. Aquí tres:
1) Whisdeblowers o informantes.
Se debe mantener la protección legal, planteada en la iniciativa, hacia servidores públicos que divulguen información de interés público que fue reservada incorrectamente. Se establecen casos específicos: violaciones a la ley, corrupción, amenazas graves para la salud, la seguridad, o el medio ambiente y violaciones de derechos humanos. Tener una regulación para que en México no haya espionajes masivos como el realizado por la Agencia Nacional de Seguridad en Estados Unidos, pero establezcamos los incentivos para que, de haberlos, existan personas que, como Edward Snowden, los hagan públicos.
2) Notificadóndijeridadevigilancia.
La Ley deber incluir el derecho de notificación diferida a las personas que han sido espiadas de alguna manera en el transcurso de una investigación. Si se les espió porque estaban cometiendo un delito, que se les condena Pero si no, que el Estado los notifique. Para no entorpecer los propósitos de la investigación judicial, se propone que la notificación ocurra una vez que la investigación ha sido completada. Este derecho ha sido reconocido por el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión de la Organización de las Naciones Unidas.
3) Declaraciones públicas. La iniciativa plantea que sea obligatorio volver públicas las declaraciones patrimoniales. ¿Y la declaración de intereses? El Sistema Nacional Anticorrupción, que será discutido en el Senado, plantea que los servidores públicos estarán obligados a presentar ambas. Adicionalmente es necesario establecer el formato de la declaración de intereses para poder atender la acción ejecutiva que obligará a los servidores públicos a presentarla en maya Esta es una oportunidad para que definamos a la transparencia como un bien público, yab público como lo conocido, lo visible, lo abierto, lo accesible y lo veríficable. La transparencia como la nueva fuente de legitimidad, la transparencia como la respuesta de la clase política a ese 73% de los mexicanos que cree que todos o la mayoría de los gobernantes son corruptos y el 36% que ve en la corrupción el problema más grave del país (Reforma, encuesta nacional, febrero 2015).
En su obra Democracia y Secreto (FCE, 2013) Norberto Bobbio cita a Alejandro Zinoviev, un disidente soviético que recuerda: «el secreto se había elevado a principio general de gobierno, regla suprema de las relaciones no solo entre gobernantes y gobernados, sino también de los gobernados entre sí». Vayamos en el sentido opuesto; derrotar a la opacidad del ámbito público para que sea la transparencia la que libere a la política y la saque de la penumbra en la que está sumida.
El autor es Senador de la República por Chiapas (PRD).
