Poder Judicial es el encargado de proteger al gobernado de los abusos del poder público: Benjamín Robles


Intervención en Comisión del senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD, durante la comparecencia de Felipe Alfredo Fuentes, candidato a ocupar la vacante de Ministro de la SCJN.

 

Benjamín Robles Montoya, (BRM): … derechos humanos cometidos en el Poder Judicial.

 

Déjeme hace un contexto inicial. Yo soy de los que cree en México, nos encontramos en una crisis derivada del hartazgo, de una desconfianza pública, que escuchamos en todas partes, una desconfianza hacia los gobernantes, pero también hacia las instituciones.

 

Y creo que esta crisis no es exclusiva del Poder Ejecutivo, tampoco del Poder Legislativo, creo que el Poder Judicial también atraviesa, se trastoca ahí esta crisis de al que hablo.

 

Creo que hay también muchos señalamientos, magistrado, de corrupción, de violaciones a los derechos humanos, por parte del Poder Judicial, y que ése, pues evidentemente no es un asunto menor.

 

Pues sin duda es el Poder Judicial el que debe desempeñar un papel muy importante en nuestro sistema democrático, lo escuché decir en su exposición. ¿Por qué? Entre otras razones porque debiese ser un punto de equilibrio entre los otros dos poderes, pero también porque es el encargado de proteger al gobernado de los abusos del poder público.

 

En ese contexto yo le formulo un par de preguntas, ¿considera, usted magistrado Hernández Orozco, existe un problema, si no generalizado, cuando menos sí considerable, digno de tomarse en cuenta, de jueces y magistrados que comenten violaciones a los derechos humanos en el ejercicio de su función jurisdiccional?

 

¿Considera usted, magistrado, que existe una cantidad considerable de jueves y magistrados que se resisten todavía a romper viejos paradigmas, que se resisten a ejercer el control difuso de constitucionalidad, a desaplicar inclusive una norma contraria a la Constitución, inclusive también a hacer valer los derechos contenidos en tratados internacionales y a aplicar el principios pro persona?

 

¿Y cómo debiese, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación coadyuvar o impulsar la erradicación de estos fenómenos?

 

Gracias por sus respuestas.