Una vez más el Estado mexicano es evidenciado ante la comunidad internacional por su incapacidad para erradicar la tortura y las desapariciones forzadas como prácticas cotidianas de las fuerzas policiales y ministeriales y de las fuerzas armadas, lamentó la senadora Angélica de la Peña.
Señaló que aún más grave y preocupante es la impunidad y la complicidad que a estos delincuentes brindan funcionarios de distintos niveles de la administración y procuración de justicia, «el Relator Especial para la Tortura de Naciones Unidas, Juan Mendez, señala en su informe preliminar que por este delito en México solamente ha habido cinco sentencias condenatorias entre 2008 y 2013», agregó.
Dijo que «si a pesar de las reformas legislativas que el Congreso de la Unión ha aprobado y de que somos parte de distintos instrumentos internacionales para prevenir, sancionar y erradicar la tortura y las desapariciones forzadas, se afirma que estos delitos son generalizados en nuestro país, entonces, el Estado mexicano es un defensor de los derechos humanos de dichos y no de hechos».
Y abundó: «los informes del Relator para la Tortura y el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas señalan que el número de desapariciones forzadas es indeterminado; que hay mujeres que sufren violencia sexual como método de tortura; que hay hombres son golpeados, asfixiados y electrocutados para extraerles una confesión; que sólo el 3,2% de las 8 mil personas arraigadas desde 2008 ha recibido condena, y todo ello en el imperio de la impunidad».
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos apuntó que el Poder Legislativo debe reconocer que es corresponsable de esta terrible situación, pues si bien ha dado pasos importantes en la armonización de la legislación nacional con el marco jurídico internacional en la materia, no ha concluido este proceso por la falta de voluntad política.
En este sentido de la Peña Gómez consideró positiva la propuesta, enviada al Senado por el titular del Poder Ejecutivo federal, que designa a Arely Gómez González para desempeñar el cargo como titular de la Procuraduría General de la República, porque, dijo, «es una mujer altamente preparada, con amplia experiencia y, sobre todo, comprometida con la defensa de los derechos humanos, lo que permite vislumbrar transformaciones en la institución y en sus procedimientos».
El Senado de la República no puede aplazar más la aprobación de una tipificación adecuada de los delitos de tortura y desaparición forzada; de un nuevo Código de Justicia Militar y de la supresión de la figura del arraigo, las y los mexicanos se lo exigen, concluyó la senadora Angélica de la Peña Gómez.
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