El senador Alejandro Encinas Rodríguez presentó iniciativa para expedir la Ley General de Aguas y abrogar la Ley de Aguas Nacionales con el objetivo de garantizar el derecho humano al agua como un bien de la nación y su acceso equitativo y sustentable.
La propuesta presentada al pleno del Senado pretende que la nueva ley defina las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos; así como establecer la participación de la Federación, las entidades, los municipios y la ciudadanía para alcanzar dichos fines.
Al fundamentar la iniciativa suscrita por diversos legisladores, el representante por el Estado de México destacó que la propuesta establece el reconocimiento y restauración de los derechos del agua y territorio de los pueblos originarios.
“Se busca la implementación de planes rectores consensados y vinculantes cuenca por cuenca, con las obras y políticas requeridas para garantizar agua de calidad y restaurando los flujos y ecosistemas, para así eliminar los factores que están generando vulnerabilidad a inundaciones y sequias”, explicó el senador.
Alejandro Encinas destacó que además la nueva ley propone la reorganización de la infraestructura hidroagrícola y el uso agrícola del agua, vía comités de investigadores, consumidores, investigadores y agricultores por cuenca para poner fin al desperdicio del agua y energía en este sector y priorizar la soberanía alimentaria.
La iniciativa contempla también la creación del Fondo Nacional para el Derecho Humano del Agua y Saneamiento, cuyo fin es el financiamiento directo de proyectos autogestionados que prioricen el equipamiento de espacios públicos, particularmente en escuelas públicas.
“Se propone la asignación presupuestal equivalente a por lo menos 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto para ejecutar los planes rectores y los planes municipales”, resaltó el mexiquense.
También se propone la creación de sistemas de agua potable y saneamiento en manos públicas y comunitarias sin fines de lucro, para que garanticen una adecuada prestación del servicio, explicó Encinas Rodríguez.
El legislador del PRD señaló que también se pretende establecer como obligación para la explotación y aprovechamiento del recurso, un dictamen de impacto sociohídrico ambiental, para prevenir daños irreversibles a cuencas y acuíferos y así facilitar la protección y buen manejo de áreas de importancia hídrica.
Encinas Rodríguez destacó que en la nueva ley se prohíbe el uso de aguas nacionales para fracturación hidráulica o la minería toxica, “que indudablemente serán de los grandes temas a debate de los próximos meses en este Senado y Todo el País”.
También se propone la creación de la Contraloría Social del agua como una instancia ciudadana que colabore con la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y el Ministerio Público para poner fin a la impunidad hidrológica y ambiental.
“Como ustedes pueden observar, se hace un replanteamiento total de las políticas de gestión de este recurso que es fundamental para el desarrollo humano y el desarrollo de la actividad productiva”, concluyó el legislador.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Recursos Hidráulicos para su análisis y dictaminación.
