El tema de la Línea 12 sin duda es uno de los grandes pendientes que debe resolver el Gobierno del Distrito Federal. Cerca de 400 mil personas que diariamente dependían de dicho transporte demandan la reparación de este sistema de transporte que no sólo les representa ahorro en tiempo de traslado, sino, fundamentalmente, en su economía.
Lo urgente hoy en día es el reinicio de operaciones de la Línea.
Pero también se requiere contar con investigaciones profundas que determinen la responsabilidad de los servidores públicos que llevaron a que hoy ésta no siga funcionando en su totalidad.
No obstante, en nada contribuye al esclarecimiento de los hechos la realización de supuestas investigaciones, como la generada por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que sin una verdadera averiguación, análisis y discusión, provocó un informe con conclusiones que buscan tan sólo generar una percepción de culpabilidad sobre estos hechos, más que llegar a conocer la verdad sobre los mismos.
La impunidad es, sin duda, uno de los mayores problemas que enfrentan las instituciones del Estado mexicano. Establecer por ley castigos ejemplares para cualquier acto de corrupción debe ser una prioridad en todos los niveles de Gobierno para devolver la credibilidad de la gente en las instituciones encargadas de protegerlos y velar por sus intereses.
Utilizar estos temas de manera política para dañar a una persona o un partido, afecta aún más esta credibilidad. Por ello, esperamos que esta comisión genere una verdadera investigación; seria y responsable.
Esperamos que esta Comisión Especial de la Cámara de Diputados genere una verdadera investigación; sería y responsable.
La Línea 12 representa el peor fracaso de un proyecto de inversión pública en la historia reciente del país, pero más aún, el peor atentado contra el erario y contra los impuestos que pagamos todos.
De un costo original que rondaba los 17 mil 500 millones de pesos, esa Línea nos ha costado más de 42 mil millones por errores en la planeación, trazado y ejecución.
Con ese sobre costo se hubieran podido construir 56 hospitales generales, 17 líneas del Metrobús o hubiera alcanzado para cubrir por siete años el Programa de Apoyo a Madres Solteras o cinco años del Programa de Adultos Mayores a más de 350 mil personas. De ese tamaño fue la irresponsabilidad.
Como acertadamente dijo el Instituto Mexicano para la Competitividad, el estado de las obras de infraestructura física es un indicador fiel de la calidad de los Gobiernos que tenemos. ¿Qué podemos esperar de Gobiernos que no pueden darnos calles sin baches y banquetas en buen estado? ¿Esos mismos Gobiernos podrán acaso realizar proyectos de gran magnitud si no cumplen con sus funciones más elementales? Este fracaso es muestra de ello.
Este asunto es sumamente grave, por eso no debemos permitir que se laven las manos o que se repartan culpas; debe sancionarse a quienes tuvieron responsabilidad.
Desde el 10 de marzo de 2010, los diputados del PAN propusimos en la Asamblea Legislativa del DF la creación de una Comisión de Investigación para fiscalizar el proyecto, lo cual fue desechado por el PRD. Quizá si en ese momento hubieran sido tolerantes hacia la oposición, la historia sería distinta.
Hoy, volvemos a exigir que se investigue a profundidad y que no haya impunidad. Es claro que existe responsabilidad de la pasada administración pero también de la actual con Miguel Ángel Mancera, muchos capitalinos se preguntan: ¿No será que el aumento en la tarifa del Metro en realidad fue porque el Gobierno ya conocía esta situación y debía hacerse de recursos? ¿Por qué decidieron suspender el servicio de la Línea 12 después de 14 meses de haber entrado en operación? Hay que dar paso a una investigación profesional y técnica más que a un linchamiento político; los capitalinos exigen explicaciones y no acusaciones.
Exigen sanciones y no impunidad.
Es claro que existe responsabilidad de la pasada administración, pero también de la actual con Miguel Ángel Mancera.
