Las ajustes presupuestales que deban realizarse ante la caída de los ingresos petroleros necesariamente deben provenir del trabajo conjunto entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, desprovisto de cualquier tinte político o electoral, de lo contrario, será nuevamente la población la que resienta los efectos y pague los platos rotos, afirmó la senadora Angélica de la Peña.
Dijo que el descontento es general en la sociedad ante la falta de políticas públicas eficientes; ante el despilfarro y la corrupción; ante los excesos de unos de unos cuantos privilegiados y la creciente pobreza de millones, por lo que “ante este panorama, sería una irresponsabilidad tomar decisiones de coyuntura, sólo para salir del paso y luego ver qué pasa”, agregó.
«Es momento de hacer a un lado las lamentaciones por arrojar la bonanza petrolera a un pozo sin fondo, llevamos más de 20 años reprochando malas decisiones y rehuyendo tomar las riendas de nuestro futuro «.
De la Peña Gómez indicó que el Secretario de Hacienda debe acudir motu propio ante el Congreso para explicar el plan de ajuste financiero y escuchar las observaciones y propuestas de las y los legisladores, “debemos construir entre todos una solución de largo plazo, que nos conduzca hacia un modelo económico cuya fortaleza sea el mercado interno, blindado de los vaivenes externos, que observe en el petróleo una fuente de recursos para invertir y no para el gasto corriente”.
La legisladora del PRD resaltó que apretarse el cinturón no debe definirse como el recorte al gasto social y disminución drástica de la obra pública, sino como el establecimiento de un programa de eficiencia y eficacia de los recursos con los que cuenta el gobierno en sus tres órdenes.
“Es obsoleto y peligroso considerar recortes inmediatos al gasto social y educativo; a los programas de combate a la pobreza; a los proyectos en ciencia y tecnología; a la protección de los derechos humanos, especialmente de niñas, niños y adolescentes; a la construcción de obra pública y a la inversión en seguridad pública”.
Indicó que la corrupción en nuestro país representa el 9 por ciento del Producto Interno Bruto, es decir, casi 114 mil millones de pesos anuales, por lo que su combate aportaría una parte sustancial de los recursos que requiere el gobierno no sólo para enfrentar la actual situación sino para su funcionamiento cotidiano, “los ahorros no solamente pueden provenir de la eliminación de lujos y dispendios, también y de manera muy importante, en la eficacia y transparencia de la obra pública”.
Es momento de dar un viraje de 180 grados y fijarnos metas de largo plazo, debemos invertir en educación y ciencia y tecnología; abatir la corrupción y garantizar la transparencia en cada espacio institucional; fomentar la cercanía entre el poder político y la ciudadanía basados en la confianza; constituir un mercado interno sólido; dónde todos paguemos impuestos acorde a nuestros ingresos. Todo ello contribuirá a lograr un Estado fuerte que disminuya la desigualdad a través de servicios públicos de calidad y garantice impactos menores ante crisis como la actual, finalizó la senadora Angélica de la Peña.
