Iniciamos en el Senado audiencias públicas en materia de seguridad y justicia para conocer la opinión de especialistas, Organizaciones de la Sociedad Civil y funcionarios públicos sobre el contenido de la reforma constitucional enviada por el presidente Enrique Peña Nieto, el pasado 1 de diciembre. La reforma pretende crear un nuevo sistema de policía estatal única, rediseñar las competencias para el combate del delito y generar esquemas de intervención al municipio a partir de supuestos indicios de que ha sido infiltrado por el crimen organizado.
La reforma trastoca el tercer orden de gobierno bajo el fundamento de garantizar el orden constitucional frente al condicionamiento de intereses ajenos al bienestar público, y justifica dicha intervención en la restauración de la democracia y el correcto funcionamiento de los servicios públicos del municipio. Se esgrime que urge generar un esquema constitucional que atienda la problemática de seguridad pública de fondo y sea la respuesta a la colusión y corrupción de autoridades policiales y de procuración y administración de justicia que ha permitido, señala, que ciertos grupos de la delincuencia ejerzan distintos grados de control en determinadas zonas del territorio nacional.
Sin embargo, la reforma sólo tiene un elemento de revisión estructural: el municipio. No examina ningún precepto relacionado con los ministerios públicos, ni sobre la actuación de jueces, como tampoco señala la infiltración de la delincuencia organizada en los ámbitos locales y federales.
La propuesta del Ejecutivo enfrenta visiones encontradas. Los Gobernadores de Morelos, Nuevo León y el jefe de Gobierno del DF avalan el establecimiento del Mando Único Policial Estatal,
