El senador Alejandro Encinas Rodríguez, sostuvo que la discusión sobre la legislación secundaria en materia de protección de datos personales no es un asunto estrictamente técnico o legislativo, sino de carácter político y del ejercicio pleno de los derechos y garantías de los ciudadanos.
En el marco de la celebración del Día Internacional de Datos Personales, organizada por el IFAI, el senador del PRD subrayó la visión que se tiene en la Cámara Alta de las responsabilidades del Estado para garantizar estos derechos y estas garantías ciudadanas.
Al participar en el panel “Alcances de la Legislación Secundaria en Materia de Datos Personales”, el legislador por el Estado de México mencionó los temas alrededor de los cuales gira el debate en esta materia y destacó el nivel de acuerdo y consenso que ha alcanzado la discusión en el Senado de la República.
En primer lugar, Encinas Rodríguez precisó que se deben tener en cuenta las implicaciones del desarrollo de las tecnologías de la información que ha derivado en un incremento significativo del riesgo de intromisión en la vida privada de las personas.
“Hoy quien genera mayor difusión de los datos personales son los propios ciudadanos que envían sus datos personales a través de los medios electrónicos; si uno analiza el Twitter, el Facebook o la página de internet de cualquier ciudadano, va a tener todos los datos relativos a su identidad”, apuntó.
En ese sentido, el senador de la bancada perredista cuestionó “por qué no encontraron desde entonces a los 43 muchachos desaparecidos de Ayotzinapa, pues ayer nos dijeron que traían los teléfonos celulares cuando llegaron al basurero de Cocula”.
Por otro lado, el legislador mexiquense consideró que la legislación secundaria en materia de protección de datos personales debe partir de ver este tema como una cuestión de derechos humanos, por lo que se debe tener mucho cuidado en la definición y clasificación de la información individual.
“Hasta ahora hemos hablado de aquellos que hacen identificable a la persona, su identidad, su origen, su edad, su trayectoria personal, su ideología, su propia imagen y entre otras, sino también si es posible o si entendemos que este es un derecho de carácter general, que no admite excepciones, o que puede haber excepciones o puede ser acotado para algunos sectores de la población”, agregó.
En presencia de las senadoras Arely Gómez, Laura Rojas y Rocío Pineda, así como de la Comisionada del IFAI, Areli Cano, Alejandro Encinas enfatizó el problema de tener diferentes visones para regular este derecho en las entidades federativas.
“Por eso la idea de ir apegándonos a los estándares internacionales más avanzados en una ley general no se trata de homogenizar, se trata de sentar las bases legales mínimas para que se garantice este derecho de los ciudadanos”, aclaró.
Asimismo, insistió en la diferenciación entre la ley federal y la ley general en materia de transparencia y protección de datos, ya que hay funciones de naturaleza profundamente distinta en el ámbito federal y en los estados.
Finalmente, el senador agregó que el tema de los regímenes de excepción “va a obligarnos a establecer un debate sobre que los derechos y las garantías individuales de los ciudadanos son de carácter general o si puede haber excepciones en el ejercicio de otro derecho y otra libertad, como el caso de la libertad de expresión”.
Además “si bien en el caso de la ley de transparencia hay excepciones específicas en materia de seguridad nacional o seguridad pública; ahora estamos debatiendo si se incorpora no solamente la información que ponga en riesgo la estabilidad monetaria, sino también la economía y la estabilidad financiera”.
Establecer mecanismos de control externo o de control parlamentario a los órganos garantes, la definición de los sujetos obligados y la facultad del IFAI para atraer casos, son otros temas de discusión que mencionó el senador.
“Yo creo que son los temas fundamentales. Va a ser una discusión política de primer orden. Pero estoy convencido de que si coincidimos todos en que lo que vamos a regular es un derecho y una garantía de los ciudadanos, el derecho a la protección de sus datos personales y la garantía que el Estado debe brindar a la privacidad de las personas en un estado democrático”, concluyó
