En la primera semana de noviembre de 2014 conocimos a través de una investigación periodística sobre la adquisición de tres predios en las Lomas de Chapultepec denominados la “casa blanca”, propiedad de uno de los contratistas consentidos del gobierno de Enrique Peña Nieto, y a nombre de su esposa Angélica Rivera.
El vocero de la Presidencia de la República, el propio primer mandatario y la señora Rivera reaccionaron ofendidos ante la opinión pública por esta revelación que mostraba un claro conflicto de interés y un presunto tráfico de influencias, en los términos de los artículos 8, fracción XV, del artículo 38 y del artículo 43 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
A escasos dos meses de este escándalo conocido como la “casa blanca”, otra revelación periodística confirma la reiterada práctica del primer mandatario de adquirir bienes inmuebles de lujo de amigos y compadres que luego se ven beneficiados con millonarios contratos y adjudicaciones directas para la obra pública.
En el caso reciente, The Wall Street Journal reveló el pasado 21 de enero que a dos semanas de asumir la gubernatura del Estado de México, en 2005, Peña Nieto adquirió una propiedad en el club de golf Gran Reserva de Ixtapan, de 2 mil 138 metros cuadrados a un precio de ganga por 372 mil dólares.
El empresario que le vendió esta propiedad, Roberto San Román Widerkher y su hijo, Ricardo San Román Dunne, fueron beneficiados durante todo el gobierno estatal de Peña Nieto con contratos de obra pública por 100 millones de dólares entre 2005 y 2011, y luego, desde 2012, las empresas de los San Román, Constructora Urbanizadora Ixtapan, entre otras, fueron beneficiadas por el gobierno federal con 11 contratos públicos en obra pública que ascienden a 40 millones de dólares.
Es una mecánica similar a la ocurrida con el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, cuyo consorcio Higa y sus múltiples filiales, fueron beneficiados con millonarios contratos en obra pública en el Estado de México y a nivel federal –como ha sido el caso de la construcción del Acueducto Monterrey II, la licitación del tren rápido México-Querétaro, su posible participación en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y el contrato para la remodelación del hangar presidencial, entre otros–, al tiempo que resultó ser el mismo contratista que construyó y dio un financiamiento hipotecario a la esposa del primer mandatario para la adquisición de la “casa blanca”, en las Lomas de Chapultepec, y también al actual secretario de Hacienda, Luis Videgaray, para adquirir una mansión en el exclusivo club de golf en Malinalco, Estado de México.
La diferencia es que ahora sí se trata de una propiedad a nombre de Enrique Peña Nieto, que registró en su declaración de bienes patrimoniales, pero de manera incompleta. El primer mandatario no reveló la ubicación exacta del predio de 2 mil 138 metros cuadrados, a quién se la compró y sólo mencionó que el valor de la propiedad fue de 5.6 millones de pesos, un monto poco creíble, dado el valor de las propiedades en el centro exclusivo de Ixtapan.
El vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, afirmó que “no hay conflicto de interés”, ya que la relación de Peña Nieto y de la familia San Román se remonta “a varias décadas atrás”. En otras palabras, como son viejos conocidos no es necesario aclarar que él fue el propietario original del predio.
