A partir de los hechos de Iguala, Guerrero, las instituciones padecen una crisis de credibilidad. Una crisis por varios años gestada, producto del involucramiento de autoridades locales con grupos de la delincuencia organizada; hechos que se habían identificado y hasta denunciado, pero que la desaparición de 43 jóvenes integrantes de la Normal Rural de Ayotzinapa sacó a flote y que por medio de la movilización social y las redes sociales se han divulgado mundialmente.
Los partidos políticos han sido los más afectados por esta circunstancia, particularmente el Partido de la Revolución Democrática (PRD), porque en su programa y como parte de sus principios fundacionales se encuentran el combate a la corrupción y a la impunidad, pero el presidente municipal con licencia de Iguala, que está sujeto a proceso, y el gobernador de Guerrero, que tuvo que pedir licencia por estos hechos, fueron postulados por el PRD. Las consecuencias han sido varias, entre otras, el descenso en las preferencias electorales y las renuncias de militantes destacados.
La superación de esta crisis es una cuestión que involucra al Estado mexicano en su conjunto. La solución no vendrá sólo a través de las acciones de uno de los poderes; se requiere de una acción compartida.
Los partidos políticos no mejorarán su percepción ante la sociedad simplemente declarando que se blindarán contra el crimen organizado, no se trata de una cuestión declarativa, sino de cambios que den certeza a la sociedad.
El PRD tiene la oportunidad de demostrar a la ciudadanía, particularmente a los jóvenes, que son la fuerza en el movimiento que reclama justicia por los estudiantes desaparecidos, que puede ser merecedor de su confianza.
La crisis del PRD es grave, pero los hechos de Iguala no echan por la borda el papel de esta fuerza política en México, ni deslegitima su lucha por lograr la igualdad, ampliar las libertades, defender los derechos e impulsar la democracia.
La conducta a todas luces reprochable e inaceptable de algunos de sus representantes no puede generalizarse al PRD como una institución pública, ni a su militancia, ni a sus electores. Los principios de justicia e igualdad bajo los cuales se fundó continúan vigentes.
La defensa del voto ante el fraude electoral, la oposición a la privatización del campo y al resto de reformas privatizadoras salinistas, el apoyo a los deudores de la banca y la lucha contra el Fobaproa, la solidaridad con el movimiento zapatista, forman parte de una larga lista de los movimientos y luchas sociales que el PRD ha acompañado.
Más allá de sus personalidades, el PRD ha cambiado el rostro a la ciudad de México con los programas de apoyo a adultos mayores y madres jefas de familia, con la construcción de preparatorias y universidades, con sus obras de infraestructura y con las reformas que permiten a las mujeres decidir sobre su cuerpo, y a los ciudadanos expresar libre y legalmente sus preferencias.
El PRD no es de una persona o de un grupo. Es, como se expresó en el llamamiento a su creación, una herramienta útil al pueblo de México.
Frente a los perredistas queda el enorme reto de recuperar la credibilidad y la confianza de la gente. Esto significa tomar acciones que demuestren que podemos cambiar y corregir errores, que podemos hacer las cosas diferentes.
Coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado.
@MBarbosaMX
