En septiembre de 2000, en el marco de la Cumbre del Milenio, México suscribió –junto con 189 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas– la Declaración del Milenio. Este documento contiene ocho compromisos conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), entre los que destacan erradicar la pobreza y el hambre, mejorar la educación, la equidad de género, la sostenibilidad ambiental, incrementar la salud y fomentar una asociación global para el desarrollo. Estos Objetivos tienen como fecha límite de consecución el año 2015.
El Senador Alejandro Encinas refirió que la lucha contra la pobreza y la mejora de los niveles de cohesión social en América Latina se han convertido en prioridades centrales de las políticas de desarrollo. Sin embargo, pese a que la región ha experimentado significativos logros en muchas de las metas de los ODM, los niveles de pobreza están estancados. Las dinámicas de la desigualdad en Latinoamérica y específicamente en México, son persistentes y ahondan sus raíces en la discriminación y la exclusión social. Por ello las soluciones son complejas y es necesario plantear un enfoque que aborde las causas profundas, y la adaptación de las políticas públicas a las circunstancias específicas nacionales y regionales.
La erradicación de la pobreza extrema sigue siendo uno de los principales desafíos de nuestro tiempo y es una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional. Para poner fin a este flagelo se necesitarán los esfuerzos combinados de todos, los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, en el contexto de una alianza mundial para el desarrollo más fuerte y más eficaz, ahondó el Senador.
Para diseñar políticas públicas y programas destinados a promover el desarrollo social y combatir la pobreza consideramos fundamental el enfoque multidimensional que entiende la pobreza como una negación de derechos humanos, caracterizada por la privación de recursos, capacidades, y poder necesarios para el disfrute de un nivel de vida adecuado y otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, argumentó el legislador mexiquense.
El problema estructural de la desigualdad en México señaló el Senador Encinas, requiere la combinación de oportunas medidas jurídicas, políticas públicas (sociales, económicas, laborales, ambientales, agrarias, etc.), de redistribución del ingreso y de asignación de recursos presupuestales, entre otras, que claramente incorporen la perspectiva de los derechos humanos, el género y la sustentabilidad. El legislador también mencionó que esta propuesta es indispensable para ir más allá de los ODM y refuerza la necesidad de establecer compromisos adicionales, más adecuados para la realidad del país.
El legislador Encinas insistió en que si el gobierno federal promoviera una política social basada en los derechos humanos, el presupuesto y el gasto en políticas públicas serían congruentes, pues argumentó que si no se incrementan los esfuerzos preventivos, particularmente en el tratamiento del VIH/SIDA apuntando a los grupos de más alto riesgo, México se aproximará irremediablemente a un punto en el cual no haya recursos suficientes para dar tratamiento y medicamentos a las personas que viven con este virus.
Estabilidad económica, crecimiento, empleo digno, así como políticas sociales y fiscales redistributivas son elementos imprescindibles, pero precisan de la construcción de un consenso social basado en una ciudadanía participativa, indicó el Senador Encinas, quien insistió en que solo si algunos sectores de la sociedad renuncian a algunos de sus privilegios se podrá avanzar hacia un patrón de desarrollo más equitativo y remover las estructuras que perpetúan la pobreza y la desigualdad.
El Senador por el Estado de México expresó que 15 años después de que se establecieron estas metas, los logros en México son parciales en los temas de pobreza, educación, equidad de género y reducción de la mortalidad infantil, pues el gobierno de México ha incumplido en temas esenciales para el desarrollo y viabilidad como disminuir las emisiones contaminantes, la deforestación, las muertes maternas por tuberculosis, así como la generación de empleo.
