Durante años han ingresado ilegalmente a México suficientes armas de fuego para armar al 11.5 por ciento de la población total de nuestro país, casi 13 millones, las cuales han conformado el arsenal que la delincuencia organizada y la común han empleado para confrontar al Estado mexicano, afirmó la senadora Angélica de la Peña.
Recordó que en 2013 el Senado de la República aprobó la ratificación del Tratado sobre el Comercio de Armas -el cual entró en vigor en diciembre del año pasado- con el propósito de dar un paso concreto para detener el abastecimiento de armamento que ha sumido en el miedo, la indignación y la rabia a todo el país.
«El gobierno mexicano ha sido incapaz siquiera de disminuir el número de armas -desde las ligeras hasta las de alto poder, incluidos lanzamisiles, granadas de fragmentación, fusiles de francotirador calibre 50, los conocidos «cuernos de chivo» y hasta algunas que son capaces de perforar blindajes y son llamadas coloquialmente matapolicías- que entran por nuestras fronteras sin autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional».
De la Peña Gómez enfatizó que crecimiento exponencial de este tráfico, que penosamente coloca a México entre los primeros cinco lugares a nivel mundial, se encuentra en el fracaso de la estrategia gubernamental para atacar la red de financiamiento y la corrupción de las autoridades en los puntos de ingreso.
«Evidentemente las autoridades no han fortalecido los canales de colaboración e intercambio de información con otros gobiernos e instancias internacionales, imprescindibles cuando se trata de delincuencia organizada trasnacional con ventas cercanas a los 130 millones de dólares anuales en México y a nivel mundial superan los 2 mil 200 millones de dólares».
La senadora perredista agregó que entre las obligaciones que el Estado mexicano tiene al ser firmante del Tratado sobre el Comercio de Armas, están el instrumentar un sistema nacional de control de este tipo de artefactos y regular todas las transferencias internacionales, incluidas las actividades de importación, exportación, tránsito y corretaje, de armas pequeñas y ligeras, así como sus municiones, partes y componentes.
Es un sinsentido que el gobierno en sus tres órdenes instrumente una especie de carrera armamentista, en la que debe incrementar anualmente el gasto para que los cuerpos de seguridad tengan el armamento necesario para enfrentar las delincuencias organizada y común, una guerra que en el sexenio calderonista resultó en 60 mil fallecimientos, concluyó la senadora Angélica de la Peña.
