El Estado debe garantizar que grupos vulnerables ejerzan sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales: Lorena Cuéllar


Intervención en tribuna de la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 7 y se reforma la fracción I del artículo 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y se reforma el primer párrafo del artículo 6 y el artículo 11 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa.

 

Lorena Cuéllar Cisneros, (LCC): Con su permiso señor presidente.

 

Compañeras y compañeros senadores, el poder sacar adelante estos proyecto, que fortalecen las políticas públicas dirigidas los sectores vulnerables de nuestra población.

 

En primer lugar, quiero referirme a la iniciativa que reforma distintas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios; y la Ley General de Infraestructura Física Educativa.

 

Con esta reforma serán obligatorios los criterios de accesibilidad universal en las obras públicas que lleven a cabo las entidades de la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios.

 

Recordemos que en el año 2010, la población con algún tipo de discapacidad representó el 5.1 por ciento del total de nuestra población; es decir, a poco más de 5.7 millones personas.

 

Y por otra parte, de acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional sobre Discapacidad cuatro de cada diez personas consideran que los derechos de las personas con discapacidad no se respetan.

 

Estos datos nos acercan a una realidad que vive este sector de nuestra sociedad, y que todos los días experimentan bajo distintas formas de discriminación, pero impactando de manera muy especial los factores productivos asociados al nivel de desempleo, a los prejuicios en cuanto a su productividad y a la evidente exclusión del mercado laboral.

 

Este dictamen aporta elementos para facilitar su movilidad y atiende directamente al principio de igualdad de derechos, en el que las necesidades de las personas deben construirse bajo la base de la planificación de la sociedad y sus recursos, con la intención de garantizar que todas personas participen activamente en su papel social.

 

Por otra parte, en cuanto a los Puntos de Acuerdo que aquí se ponen a su consideración, quiero hacer notar el exhorto para que se lleven a cabo campañas de información y difusión de la Cartilla de Información Básica para la Localización de niñas, niños y adolescentes implementada en el marco del Programa Nacional de Alerta Amber México, con la intención de que dicho documento llegue a un número mayor de padres de familia, y puedan contar con las medidas de prevención para el cuidado de sus hijos; puesto que este programa es conocido por apenas el 31 por ciento de los mexicanos; es decir sólo 3 de cada 10 personas lo conoce.

 

Por otra parte, ponemos a su consideración el exhorto cuya intención plantea que en aquellos Estados donde aún se permite el matrimonio entre menores de edad, lleven a cabo los ajustes a su marco jurídico, con la intención de establecer como requisito la mayoría de edad y de esta manera garantizar y permitir el sano desarrollo de las personas antes de pretender formar una familia.

 

Asimismo, quiero comentarles, que les presentamos un dictamen que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a considerar en su plan de trabajo el desarrollo de indicadores específicos sobre la problemática de la explotación infantil a través de los medios electrónicos.

 

Esto es un problema que en los últimos años se ha colocado de manera importante en la agenda pública, puesto que son alarmantes las cifras de niños que son enganchados por medios electrónicos y se convierten así en víctimas de la explotación con fines de explotación sexual o pornografía.

 

Y quiero concluir, haciendo notar otra de las propuestas que ponemos a su consideración, puesto que es de la mayor pertinencia la elaboración de  un reglamento  que permita  que las  niñas y niños que viven con sus madres reclusas, tengan las  condiciones necesarias para que tengan un desarrollo integral acorde con su edad.

 

Estos niños y niñas por largo tiempo han sido víctimas del sistema penitenciario, lo cual resulta inadmisible y contrario al marco jurídico internacional y nacional.

 

Estos niños y niñas  reflejan la falta de una buena alimentación, servicios médicos y sicológicos, además de servicios educativos  y lúdicos apropiados a su edad.

 

Por esto, compañeras y compañeros Senadores quiero solicitarles su apoyo a estas propuestas pues creo firmemente que el Estado debe garantizar por todos los medios y recursos a su alcance que los grupos en situación de vulnerabilidad ejerzan sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales.

 

Es cuanto señor presidente.