Senadores del PRD propusieron la creación de una comisión especial que examine un posible caso de conflicto de intereses que existe entre la familia presidencial y el dueño de la empresa Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa.
A través de un punto de acuerdo, el senador Benjamín Robles sostuvo que la transparencia y la rendición de cuentas “son una condición indispensable en un Estado que se precie de ser auténticamente democrático y su ausencia supone la existencia del abuso, de la arbitrariedad y del uso del poder público en beneficio propio”.
En la propuesta, suscrita también por Alejandra Barrales, Angélica de la Peña e Isidro Pedraza, el legislador por Oaxaca subrayó que es alarmante conocer datos e información que evidencian la falta de transparencia del titular del Ejecutivo Federal y la falta de ética que compromete su desempeño y honestidad en el ejercicio de gobierno.
“Las fundadas suspicacias generadas con la reposición de la licitación del tren México-Querétaro representaron la caja de Pandora que devino en el actual conflicto de intereses que mantiene la familia Peña Rivera y el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, cuya empresa que ha sido beneficiada desde 2005 en el Estado de México”, apuntó Benjamín Robles.
Además, el senador oaxaqueño destacó que es muy preocupante la postura pública del presidente Enrique Peña Nieto que sugiere que los gobernados no tienen derecho para exigir transparencia a los servidores públicos.
“En un Estado democrático resulta absolutamente inaceptable que los servidores públicos, empezando por el Presidente de la República, se asuman exentos de cumplir con lo que mandata nuestra Constitución y nuestras leyes” agregó.
En ese sentido, exhortó a los integrantes de la Cámara Alta a reivindicar la ética y la honestidad de los gobernantes y ser un contrapeso político legítimo para exigirle al Presidente explicaciones puntuales sobre los beneficios que ha recibido Grupo Higa.
Por ello, afirmó, «en aras de hacer de la transparencia una realidad que fortalezca el estado de derecho, tenemos la inalienable obligación de solicitar la creación de una comisión especial que coadyuve a frenar la escalada de agravios que desde el Gobierno federal se desarrollan hacia la sociedad mexicana».
El punto de acuerdo fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su análisis.
